Del Talante al Fusil

Siguiendo la ruta que se ha marcado el PSOE de aplicar con mano de hierro una política claramente antiobrera (de acuerdo a las necesidades del capital en su lucha por superar la crisis económica), ha tomado la determinación de abortar la movilización de los controladores aéreos mediante el recurso de sustituir la negociación colectiva por el decreto ley (con el objeto de cortar el cordón umbilical que une a los trabajadores, en las democracias burguesas, a la legalidad y legitimidad de sus acciones), e implantar la militarización, recurriendo al estado de alarma, como medio de frenar la respuesta huelguista contundente que iba a dejar en evidencia el poder del Estado, es decir, poner bajo el mando del fusil para hacer frente la acción de los trabajadores por la lucha de sus intereses económicos.

 (Aquí no entramos a enjuiciar las posiciones económicas y políticas del colectivo de los controladores aéreos pues no es el objeto de este artículo, sino de la respuesta del gobierno del PSOE, esto es, del Estado, por las repercusiones que puede tener para la clase obrera en general, ante una pugna entre la patronal (AENA) y los trabajadores por la defensa de sus respectivos intereses. No perdemos de vista tampoco que detrás del conflicto está también el Plan de privatización de los aeropuertos urdido por el gobierno, y la multimillonaria deuda que mantiene AENA con bancos españoles y extranjeros).

La manera en que se ha tratado de justificar la actuación del PSOE en nombre del Estado capitalista, ha sido la de recurrir a la defensa del interés general de la nación (que siempre hay que preservar) en detrimento de la acción particular de una minoría de trabajadores (que en determinados momentos siempre hay que delimitar). En este sentido, siempre que hay un conflicto de intereses entre la burguesía y la clase obrera que no se puede resolver de manera inmediata y satisfactoria para los intereses de la burguesía, el Estado recurre al llamado interés general como forma de preservar los intereses generales de la clase dominante, que es la clase minoritaria de la sociedad pero la que realmente detenta el poder.

Cuando el Estado habla de interés general está mirando con el rabillo del ojo a los intereses económicos y políticos de los propietarios de los medios de producción con que se explota a la clase obrera, aunque con la boca chica hable del conjunto de la población, ya que situándonos en el conflicto de los controladores aéreos, cuando se refiere al interés general está hablando de los intereses empresariales y particulares del sector turístico y del transporte aéreo y del interés supremo del sistema capitalista para que no se paralice su funcionamiento general, pues de otra manera no se comprendería cómo no mueve un solo dedo por evitar los desahucios de familias obreras que tienen que abandonar sus casas, o para evitar los despidos masivos de trabajadores para engrosar las colas del paro ante las oficinas del INEM, y un sin fin de problemas que agrava las condiciones de vida de los trabajadores. Esto sí que es interés general, ya que se coartan las más elementales necesidades de la población sin que el Estado actúe contra los responsables de tales atropellos, sabiéndose de sobra cuáles son sus nombres y apellidos. ¿Porqué no se militariza una empresa ante una quiebra fraudulenta o un sector económico ante un cierre patronal? ¿Porqué no se hace lo propio con los especuladores inmobiliarios, los bancos y demás entidades financieras, supuestos causantes de la crisis?

La fuerza policial y militar se utiliza desde el Estado capitalista contra los trabajadores, pues lo que se defiende desde dicho poder de clase son los intereses de la burguesía, que son los que aparecen como generales por el lavado ideológico y jurídico que se ejerce desde los aparatos del “Estado democrático”. La Constitución refleja ésta correlación de fuerzas, justificándose desde el punto de vista jurídico cualquier intervención policial y militar contra la clase obrera cuando pone en cuestión o no acata el orden establecido. Este es la principal lectura que debemos extraer del conflicto entre los controladores y el Estado, ya que la clase dominante no tiene complejo en recurrir a la fuerza militar en el “Estado de Derecho”, como se ha puesto de manifiesto, si ve en peligro los pilares políticos en que se sustenta las relaciones capitalistas de producción a costa de pulverizar el pretendido derecho constitucional de los trabajadores a defender sus reivindicaciones económicas y políticas.

¿Si el gobierno no ha dudado en recurrir al decreto ley y a la militarización contra la acción concertada de los controladores aéreos, por qué no puede recurrir en igual medida contra cualquier otra acción concertada de los trabajadores, cuando no se sometan a las normas y reglamentos que le marque sus leyes?

¿Por qué los trabajadores no podemos convocar una huelga sin seguir las pautas que determina el “Estado de Derecho”, si este Estado solo representa y vela por los intereses de la patronal? Los trabajadores en la lucha contra la burguesía y su Estado debemos atenernos sólo a nuestros intereses, debemos escoger el momento, reglas y formas para organizar y desarrollar una acción huelguista, pues de lo contrario nos estamos atando de pies y manos.

¿Quién nos tiene que decir qué servicio mínimo es el adecuado o necesario? Si las huelgas se deciden desde los despachos de los empresarios y de los gobiernos, que nada tienen que ver con los trabajadores ¿qué perjuicios pueden infringir a sus intereses? Las leyes burguesas, marco legal que consagra la división de la sociedad en clases y las diferencias sociales entre los empresarios y los trabajadores, no puede servir de guía para encauzar una huelga obrera, en todo caso debe servir para denunciar las múltiples mentiras que esconde en su interior, ya que su intensión es que los trabajadores asuman el sistema de explotación capitalista como algo natural e indiscutible, consagrado en la Constitución, y lo acaten con la menor oposición posible, dócilmente.