Germen Rojo Marzo 2012

La Autonomía Para La Burguesía…

La Autonomía para la burguesía,

la Revolución para la clase obrera.

Andalucía es una de las diecisiete Comunidades que conforman el Estado español. Su población es de más de ocho millones de personas, siendo la tercera economía del Estado español en cuanto al PIB. El sector terciario es de gran importancia, donde destaca el sector servicios. Su PIB per cápita es de 18.357 euros en 2008, el tercero por la cola del Estado español. La fuerza laboral de la Comunidad era de 3.927.500 personas en 2009, la tasa de actividad del 58,32% del total y el desempleo el 29,71% en 2011.

Andalucía se constituye en comunidad autónoma tras el referéndum del 28 de febrero de 1980. El Estatuto de autonomía se aprobó el 20 de octubre de 1981. En 2007 se reforma el Estatuto, aprobándose el nuevo texto, pese a una abstención del 63,72%.

El Estado autonómico como expresión histórica del desarrollo capitalista

Las aspiraciones autonómicas se remonta históricamente al desarrollo del capitalismo en España, más concretamente al desarrollo del capital autóctono ligado a una circunscripción geográfica en su relación con el capital sin aspiraciones fronterizas y territoriales, más poderoso desde el punto de vista económico e influencia política. Originariamente se concentra en Euskadi, Cataluña y Galicia, por diferentes motivos, siendo sus fracciones burguesas las que reivindican con más ahínco su presencia en la vida política ligada al Estado, representado por PNV, CIU, entre otros partidos. En Andalucía empieza a tener presencia la reivindicación autonómica a los comienzos de la transición, fundamentalmente de la mano del Partido Andalucista (PA), que se suma al carro del autonomismo como forma de cosechar votos de la bolsa electoral que se disputan las organizaciones con presencia parlamentaria. En un principio, las aspiraciones autonómicas aparecen como expresiones idílicas, desligada de las relaciones económicas, tomando cuerpo ideológico entre los sectores populares a través de reivindicaciones lingüísticas y culturales como defensa de una idiosincrasia diferencial y genuina ligada a la expresión de un territorio firmemente determinando. Más adelante esta expresión se articula con las relaciones reales, apareciendo con su verdadero rostro: la defensa de unos intereses económicos ligado a fracciones de clase definidas.

Los distintos partidos autonomistas se identifican políticamente por su carácter pequeño burgués, que reivindica el Estado autonómico apoyando u oponiéndose al gobierno central dependiendo de la política autonómica que desarrollan de manera coyuntural, de las transferencias que reciben en sus respectivos territorios, vendiéndose al mejor postor que le pueden ofrecer algo a cambio en las distintas negociaciones. Como la abstención de CIU y PNV en la votación en el parlamento sobre la Reforma laboral del PP. Lo que está claro es la posición común que adoptan esos partidos ante las reivindicaciones obreras, posicionándose siempre a favor de los partidos centralistas y en contra de los intereses de la clase obrera, a la que ven simplemente como ejército de trabajo para la explotación capitalista y el consumo.

Dicen los defensores del Estado Autonómico que este representa un instrumento político para conseguir un mayor el desarrollo económico y la cohesión social de sus habitantes. Se insiste en que hace más equitativo el desarrollo económico nacional al armonizarse el impulso de las distintas comunidades hacia la consecución del mismo objetivo: el progreso social. Los partidos y organizaciones sociales de carácter autonomista se sienten representados en el Estado autonómico porque tienen participación en el desarrollo de sus funciones mediante las competencias que les transfiere del Estado central. Sus intereses partidistas y las de las fracciones de clase que representan están contemplados en esa política general del Estado, que toma cuerpo descentralizadamente a través de las distintas políticas que se impulsan desde las Comunidades Autónomas. Apostillan que el Estado autonómico es un gran logro para la convivencia democrática, ocultando en sus discursos que todos los Estatutos sirven a las leyes de la libre competencia que impone el mercado, regido por las normas jurídicas que encabeza la Constitución y el funcionamiento del Estado central, que  hace a las distintas Comunidades Autónomas parte integrante del Estado central, dependiente de sus decisiones.

El desarrollo del Estado de las autonomías no ha supuesto en ningún momento un desahogo para la clase obrera, una mejora de sus condiciones económicas, como así se mantiene en las proclamas electorales. Y ello es así pues las condiciones económicas en que vive la clase obrera no depende para nada del grado de descentralización administrativa del Estado, sino del carácter de clase de éste, que está dispuesto para cumplir con las funciones políticas y económicas que necesita la producción social, la ley general de la valorización del capital. El Estado autonómico está adecuado a las condiciones concretas del desarrollo capitalista y a la situación histórica del país en que se impulsa, concretamente, al desarrollo de las contradicciones internas del desarrollo capitalista y al tratamiento de esas contradicciones. Este desarrollo de las funciones del Estado no está exento de desajustes, propios de sus contradicciones internas, y que en ciertas coyunturas desfavorables pueden surgir, como se está poniendo de manifiesto, fundamentalmente en su financiación, por el abultamiento de su aparato burocrático-administrativo con duplicidad de funciones y a los intereses particulares y electorales del partido que gobierna en las distintas comunidades.

¿Para qué y para quién el Estado autonómico?

Como decimos: el Estado autonómico es fruto del desarrollo del capital, haciendo frente a sus necesidades para fortalecer el dominio político de la clase dominante, la burguesía. Con ello se consigue mitigar y suavizar las contradicciones lógicas entre las distintas fracciones de la burguesía, repartiéndose el botín conseguido por la apropiación de la plusvalía extraída a la fuerza de trabajo asalariada. Para ello están los distintos partidos políticos con representación parlamentaria que a través de la negociación política acuerdan ese reparto. El tira y afloja en dicha negociación es un síntoma de la marcha y del estado en que se encuentra dichas contradicciones entre la gran, mediana y pequeña burguesía centralista y autonómica. Por otro lado, en la contradicción principal entre la burguesía y el proletariado, se favorece al polo burgués ya que se logra introducir, y en eso los defensores del autonomismo y el independentismo son especialistas, una artificial división de la clase obrera, que para que su lucha pueda ser efectiva, tiene que adquirir un carácter general y colectiva, es decir, debe ir dirigida contra las bases de la producción capitalista, las relaciones de producción, y el Estado en su conjunto. Con el ascenso del autonomismo y el aumento de su influencia ideológica en la lucha política logra torpedear la línea de flotación de la lucha de los trabajadores al conseguir desviar su atención hacia reivindicaciones parciales y ligadas a los intereses de distintas fracciones burguesas que le desvían de su camino histórico: la derrota de la burguesía y su régimen de producción.

El Estado autonómico, al cumplir sus funciones, vela por los intereses de clase a la que representa a través de la gobernabilidad de la vida social, es decir, de la acción legislativa y ejecutiva del gobierno y los distintos aparatos del Estado, en donde el Parlamento juega un papel esencial. La cris económica ha puesto de manifiesto el papel de los distintas Comunidades Autónomas como apéndice del Estado central, al impulsar las líneas generales de la política del gobierno central en cuanto al apoyo de las medidas concretas al margen de quién detente el gobierno central, sea el PSOE o el PP. La política de reducción del gasto público está concertado desde el Estado, ya sea de mutuo acuerdo o por medio de una ley que se impone al endeudamiento autonómico que se ha aprobado con los votos del PSOE y PP.

La clase obrera, como antes de entrar en funcionamiento el Estado Autonómico, sigue estando igual, con los mismos problemas por resolver: el paro, le angustia; los bajos salarios, le angustia; la precariedad laboral, no le deja vivir; las deudas, le agobia; la policía, le vigila y persigue; la explotación general le hace más dependiente y sumiso hasta que se harte y coja el toro por los cuernos para poner en cuestión el régimen social que le explota y oprime. El Estado Autonómico da alas a la corrupción política y económica, potenciando las distintas mafias burguesas locales para que se enriquezcan con los negocios más o menos turbios o “limpios” que impulsan, en muchos casos sin ninguna necesidad social, solo como tapaderas para negocios millonarios y ruinosos (aeropuertos sin aviones en Castilla-la-Mancha, velódromo en Baleares, competiciones deportivas en Valencia, etc., ligados al aparato del PP). En Andalucía el escándalo de los ERE´S, en donde se han saqueado millones de euros de las arcas de la Junta para familiares, conocidos, y militantes del PSOE-A. En Cataluña es de sobra conocido la actuación de CIU en la corrupción institucional desde los tiempos de l´Honorable Jordi Pujol, Etc., etc. En fin, qué decir de la corrupción… si no que está pegada a las paredes y cañerías del sistema capitalista.

Uno de los logros del Estado autonómico es la división ideológica y política que introduce la burguesía en la clase obrera, puesto que los trabajadores de cada Comunidad Autónoma se centran en la resolución de sus intereses ligados a su Comunidad olvidándose de las necesidades del resto de la clase obrera, cuando en uno y otros están perjudicados por igual, debilitando su organización y lucha común que se dirime no en cada Comunidad sino en los entresijos del Estado, y a nivel internacional, bajo la mirada atenta de la Unión Europea, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y organizaciones que como la ONU actúan al servicio de los intereses generales de la burguesía.

Las organizaciones de distinto signo político que defienden la autonomía y la descentralización administrativa del Estado crean falsas expectativas entre los trabajadores y la opinión pública en general al defender en su propaganda política que la buena marcha de la Comunidad repercute favorablemente sobre la clase obrera y el conjunto de los “ciudadanos”. Asocian el mejoramiento y el fortalecimiento de las empresas autóctonas con la elevación del nivel de vida de los trabajadores, al progreso social y al bienestar del conjunto de los “ciudadanos”.

Si ello fuese cierto, tendríamos que aplaudir y alabar la actuación del capital financiero, pues no solo crea empleo en el marco estatal donde actúa sino que lo extiende a otros países. El problema no es la creación de empleo, pues ello es la forma material para la explotación de la fuerza de trabajo empleado en la producción, sino a qué condiciones y criterios está sometido: si al beneficio común o al beneficio del capital que lo contrata y lo pone a trabajar bajo sus órdenes.

La clase obrera no puede plantearse el apoyo al Estado Autonómico, a los distintos Estatutos de Autonomía, como si ello supusiera un avance para sus interés colectivos, tal como  plantean algunas organizaciones comunistas que apoyan los Estados de las Autonomías en oposición al Estado Central, como si en esencia eso no fuera lo mismo,  disfrazando su discurso para ganarse las simpatías de la pequeña burguesía y a sectores de la clase obrera imbuidos por la ideología burguesa de la defensa de la democracia en abstracto: los valores que dan soporte ideológico a la dictadura de la burguesía sobre la clase obrera.

¿Qué hacer ante las elecciones autonómicas andaluzas el próximo 25-M?

El 25 de Marzo se vota el nuevo Parlamento Autonómico y el gobierno que va a dirigir los designios de la Comunidad Autónoma de acuerdo a la Constitución y a las necesidades de la burguesía autónoma, nacional e internacional. La vida del Parlamento andaluz está atravesado por la armonización de los distintos intereses burgueses, neutralizando a la de clase obrera, que tienen su vértice en la política que marca el tripartito formado por la Unión Europea, El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Este día se va a votar al Parlamento y al gobierno autonómico que se va a poner de acuerdo con el gobierno central, con sus distintas posiciones sobre el reparto de los impuestos y la transferencia de competencias y fondos, pero con la certeza de que no entrarán en confrontación por la aplicación de la Constitución y las relaciones sociales según el principio de la libre empresa.

Todas las organizaciones que se presentan pedirán el voto para su candidatura, pedirán la confianza de los votantes para que ellos puedan actuar en su representación, para defender sus respectivos intereses según su criterio, que está expuesto en sus respectivos programas electorales. Tanto la derecha como la izquierda se presentan pidiendo el voto para y por Andalucía ¿Pero qué es Andalucía? Andalucía es el nombre que se le da a una zona geográfica del Estado español, donde habitan más de ocho millones de personas, que tienen en común el territorio que los acoge, en donde domina unas relaciones sociales que los determinan en una u otra clase social por el lugar que ocupan en la producción: Andalucía está formada, como el resto de las Comunidades Autónomas, por burgueses y proletarios, los cuales no tienen los mismo intereses ni los mismos objetivos históricos: se diferencian radical y antagónicamente. Les  une la misma zona geográfica y cultural, pero les separan los diferentes lugares y funciones (prácticas económicas) que desempeñan en la producción.

La postura más consecuente, desde el punto de vista e intereses de la clase obrera, para el día25 Mes no ir a votar, es defender la abstención activa, el boicot, en la medida de la fuerza con que se cuenta. El boicot es la postura más consecuente porque 1) se fortalece la alternativa política de la clase obrera que se enfrenta con nitidez a la democracia burguesa, bastión político del sistema capitalista. 2) se denuncia la farsa electoral.

En síntesis, el Estado Autonómico es un aparato burgués que necesita una respuesta de clase, el boicot, pues ello va a fortalecer una alternativa política que trabaje para preparar las condiciones subjetivas de la revolución proletaria.

 Contra el parlamentarismo burgués, por la revolución proletaria

El desarrollo histórico del capitalismo ha ido demostrando que el sistema político que mejor le sirve para su reproducción es el democrático burgués, aunque en determinados períodos históricos recurre a la implantación de una dictadura político-militar pura y dura con el propósito de asegurarse la superexplotación de la fuerza de trabajo asalariada, puesto en entredicho por motivos políticos u otros motivos socioeconómicos.

El sistema democrático burgués tiene su vértice en el Estado, que es el aparato que vela y asegura el dominio de clase de la burguesía sobre el proletariado, creando las condiciones externas para la reproducción de las condiciones de la producción capitalista. La colaboración de clases es su sello de marca, que deja huella social mediante las negociaciones que establecen las distintas organizaciones que dicen representar a las clases en lucha: la Constitución, los Pactos de la Moncloa, El Estatuto de los Trabajadores, los Estatutos de Autonomías, los distintos Acuerdos, Pactos y Diálogos sociales entre patronal y los sindicatos mayoritarios, etc. son los resultados palpables de esa colaboración de clase.

El parlamentarismo es la expresión más genuina del sistema democrático burgués, en el cual se concreta el lema político de la burguesía: todo el poder al Parlamento. En dicho Parlamento, casa sagrada de la sociedad capitalista y de los intereses de la minoría burguesa es en donde se representa la soberanía popular, forma en que se expresa el interés de la clase dominante: sometimiento de la mayoría social a la minoría económica, del interés general de la mayoría de la sociedad al interés privado de la minoría de los propietarios de todos los medios de producción capitalista.

El Parlamento burgués está legitimado por todo el entramado social, por el colaboracionismo de clase que le presta el proletariado a través de sus “representantes” políticos, que no deja de insistirle que este sistema es perfecto porque existe libertad de expresión y de oportunidades por el mero hecho de exigir que se cumpla la ley, además de ser expresión de la voluntad de la mayoría de los “ciudadanos” mediante la emisión del voto libre y secreto. Los resultados electorales le confiere legitimidad  al Parlamento para que haga y deshaga al criterio de la mayoría parlamentaria.

El control parlamentario está asegurado por la “oposición”, que vigila las posibles desviaciones del gobierno pensando en las próximas elecciones, a las que ellos aspiran salir elegidos ganadores. Las comisiones de investigación están para investigar y controlar la acción de los parlamentarios, que aseguran la mayoría y acción del gobierno con dedicación, mutismo y ceguera al ejecutivo, teniendo asegurado sueldos millonarios y la posibilidad de comisiones en negocios “legales” de la Administración con empresas privadas.

La vida parlamentaria está dedicada a los temas que la burguesía le interesa: los presupuestos generales de estado, las leyes que hay que aprobar para la buena marcha de la economía y los negocios privados, etc. Una vez al año se discute el estado de la nación para escenificar la acción del gobierno y valorar el control de la oposición. Los problemas reales de la vida, al menos los problemas de la clase obrera: sus condiciones de vida, no existe para el Parlamento. Para eso ya está la negociación colectiva entre la patronal y los sindicatos CCOO y UGT, que llegarán a acuerdos que beneficiarán a “todos”, a empresarios y trabajadores, como el Diálogo Social abierto entre ellos en donde se negocia y se decide la forma de eliminar la “huelga salvaje”, toda huelga no convocada y controlada por dichos sindicatos.

Los partidos revisionistas, con el PCPE a la cabeza, insisten reiteradamente que hay que participar en el entramado político burgués, llamando a concurrir a todas las consultas electorales que se convoquen. Argumentan que es positivo para la clase obrera que “representantes” obreros puedan ejercer un control democrático de los aparatos del Estado, se empezaría a garantizar el funcionamiento democrático del Estado. Con el Estatuto de Autonomía la pirueta política del revisionismo es total con tal de justificar su participación:  el internacionalismo proletario, que tiene su base en la unidad orgánica y política de la clase obrera para lograr su destino histórico, se tira al cubo de la basura al sustituirlo por la “teoría” del desarrollo de los pueblos (interés de la mayoría de la población apoyando al Estado de Bienestar) frente al desarrollo del imperialismo (interés del Mercado).

Durante la transición política se puso de manifiesto lo que muchas organizaciones marxistas veníamos diciendo desde mucho tiempo atrás: cuando se denunciaba el carácter anti obrero del PCE y su adhesión a la democracia burguesa, como última etapa de su lucha. En la actualidad ese papel lo está cumpliendo el PCPE. La crisis económica capitalista está poniendo de manifiesto el carácter revisionista y pequeño burgués de ese partido, igualmente su querencia por la democracia burguesa como justificación al socialismo burgués y reaccionario que defienden, última etapa de su lucha.

La clase obrera no necesita de una política que tenga como eje principal la conquista gradual de “derechos”, que defienda las reformas como la tarea principal de su acción política, quedándose en el camino del largo desagüe capitalista, como el que representa el reformismo. La clase obrera tampoco necesita de una política que trate de armonizar los intereses de la clase obrera con los de la burguesía en la defensa del “Estado de Bienestar” como fin último del proceso histórico, como la que representa el revisionismo. La clase obrera tampoco necesita de una política de operaciones relámpagos que le prometa el paraíso terrenal, pero restringida a una fracción terrorista encarnado en algún ejército de liberación del proletariado. La solución para su emancipación como clase pasa inevitable y necesariamente por la creación de las condiciones de su organización y lucha colectiva, independiente de la influencia de las concepciones burguesas y elitistas. Pasa por seguir las pautas de la teoría marxista, adecuándola a la situación histórica en que vive según el desarrollo de la sociedad capitalista.

Tanto hoy, a comienzos del siglo XXI, como ayer, a finales del XIX o durante el siglo XX, la clase obrera ha necesitado y sigue necesitando dotarse de una organización política que dirija la lucha de clases de acuerdo a su finalidad histórica: la constitución de la sociedad comunista, la eliminación de las condiciones materiales de la existencia de las clases sociales. Para ello tiene que derrotar a la burguesía si quiere sustituir las relaciones capitalistas de producción por otras formas socialistas de producción y distribución y control de la producción social: nos referimos no sólo al cambio en las formas jurídicas de la propiedad de los medios de producción, sino también a la forma real de la propiedad capitalista, es decir, a las relaciones de poder en cuanto a la división del trabajo social (en los procesos productivos) como en cuanto a la división social del trabajo (en la sociedad).

Como este proceso no es fruto de la espontaneidad o arbitrio de la historia, ni tampoco resultado de la voluntad autónoma de unos cuantos individuos, por muy eminentes y virtuosos que sean, como creían los socialistas utópicos, sino del proceso de desarrollo de las contradicciones sociales, donde tiene mucho que ver la existencia organizada de los comunistas, es por ello que la construcción del partido constituye su inicio político imprescindible, por medio del cual va a desarrollarse el proceso social hacia el comunismo, que hoy pasa, dada las circunstancias del Estado español, por el reagrupamiento de los núcleos revolucionarios bajo la dirección teórica del marxismo. En ello debemos reflexionar y ponernos a trabajar. En eso estamos.

Sobre El Paro General del 29M

EL BUENO, EL FEO Y EL MALO

(la película del paro general del 29M)

 

Como analogía al espagueti western de Sergio Leone, en donde los tres protagonistas actúan de acuerdo al guión que le marca el director, el trío representado por sindicatos, patronal y gobierno ejecutan sus papeles a la perfección, según lo establecido en la escenificación de la película sobre la crisis económica, dirigida con mano habilidosa por la burguesía.

El papel del bueno lo protagonizan a dúo los sindicatos gemelos CCOO y UGT al interpretar el rabioso rechazo a la Reforma Laboral, la parte más notoria de un cambio en las relaciones laborales que se completa y complementa con la firma de los Acuerdos sobre el Diálogo Social, pactados por estas centrales y las organizaciones patronales CEOE y CEPYME, el pasado enero. A este respecto, en dichos Diálogos se firmaron una serie de compromisos que modifican sustancialmente las relaciones laborales, en el sentido de que refuerza el control de estos los sindicatos sobre los trabajadores con la finalidad de controlar su libre organización y movimiento, al tiempo que fortalece el dominio de los empresarios en la negociación colectiva, introduciendo mayor flexibilidad en las condiciones de  trabajo y ligando las subidas salariales al aumento de la productividad del trabajo y la competitividad de las empresas.

El  aspecto político más importante de dichos acuerdos es la limitación de la huelga obrera por la vía expeditiva de quitarle el protagonismo a los propios trabajadores, para transferirlo a una Comisión de Mediación y Arbitraje formado, a partes iguales, por los sindicatos “mayoritarios” y la patronal. Con ello se pretende quitar cualquier justificación a las luchas de los trabajadores que se produzcan fuera de los “causes normales”, dando un golpe mortal a la presión que estos puedan realizar en su combate contra la burguesía.

La patronal está representando el papel del feo, al interpretar el personaje que apoya la Reforma Laboral, sin disimular su enorme alegría. Este personaje representa un personaje “antipático” pero necesario, pues tiene la carga ideológica de exigirle a los trabajadores que se aprieten el cinturón y hagan los sacrificios necesarios para salir de la crisis, ya que, según ellos, las empresas son los únicos que pueden crear empleo y darle de comer a los trabajadores que caritativamente contraten.

Y por último el papel del malo en esta película está reservado al gobierno, que es quien ha elaborado y aprobado por decreto, con el apoyo de CIU, esta enésima Reforma Laboral. El propio gobierno ha querido representar este papel para encubrir con ello la negociación casi clandestina que han llevando sindicatos y patronal. No olvidemos que estos Acuerdos están indisolublemente unidos a la Reforma Laboral, no se pueden comprender lo uno sin lo otro, se complementan tanto en el contenido como en la finalidad: degradar sustancialmente las relaciones laborales, su chinización, con objetivo de una mayor explotación de la fuerza de trabajo asalariada.

Ante todo esto, el PARO GENERAL de un día, que no huelga general, de CCOO y UGT no es más que una auténtica pantomima, una acción de disimulo para ocultar el verdadero rostro de estos sindicatos. No tiene ninguna intencionalidad económica ni política, como no sea la de favorecer un sindicalismo servil ajeno a los intereses de la clase obrera.

La huelga, más bien TENDRÍA QUE SER CONTRA ELLOS MISMOS, CONTRA SU POLÍTICA DE COLABORACIÓN DE CLASES, POR SU CONTÍNUO APOYO A LOS EMPRESARIOS Y EL DESPRECIO A LAS NECESIDADES DE LOS TRABAJADORES.

Nuestra obligación es desenmascarar cualquier acción de los enemigos de clase: el sindicalismo integracionista y su fiel escudero, el revisionismo político. Para nosotros CCOO y UGT son enemigos de los trabajadores, pues son estructuras del estado burgués. Por ello no vamos a secundar este nuevo engaño a los trabajadores.

La convocatoria del paro general del 29 de marzo va dirigido, más bien, contra los trabajadores, ya que persigue que se le otorgue un cheque en blanco a los sindicatos a la hora de “negociar” con el gobierno las posibles modificaciones, que solo ellos, sin contar con la opinión de los trabajadores, consideren pertinentes y enmascarar la política de colaboración sistemática con la patronal y los gobiernos de turno, es decir, introducir alguna que otra enmienda o reducir los aspectos que consideren demasiado “injustos” e “innecesarios”.

El sindicalismo de CCOO y UGT no representa los intereses de la clase obrera, al menos de la mayoría. En todo caso, será representativo del sector más atrasado y vendido, la aristocracia obrera, que mercadea los intereses de los trabajadores para su propio provecho y beneficio. Estamos hablando del ejército de dirigentes y liberados sindicales que viven como reyezuelos sin pegar un palo al agua, a cambio de colaborar con la burguesía y,  juntos, exprimir a los trabajadores. Por este trabajo de alcahuete embolsan de los Presupuestos Generales del Estado, de los cursos de formación, de la negociación de ERE´s y de los Convenios Colectivos.

Estamos en contra de la Reforma Laboral, como no podía ser de otra forma, como estamos contra los Acuerdos sobre el Diálogo Social, pero sobre todo estamos en contra del régimen social que lo propicia y arropa, el régimen capitalista de producción,  que beneficia de una minoría, la burguesía y sus secuaces.

Pero la lucha contra este sindicalismo integrado en el sistema, de CCOO y UGT, no se puede reducir sólo a criticarlo, sea en los centros de trabajo, en el barrio o en la cola del paro, sino también y, sobre todo, combatirlo creando una alternativa sindical que se oponga radicalmente a estos sindicatos, como a los planes de la burguesía, una alternativa sindical que no se dedique exclusivamente a la lucha por vender algo más caro la fuerza de trabajo, por mejoras económicas efímeras, sino que vaya más allá y contribuya a crear las condiciones subjetivas y por tanto políticas, de tomar conciencia de la situación de explotación de la clase obrera, dirigido a la eliminación del trabajo asalariado. Ello no se puede conseguir si no es creando el partido comunista que canalice y dirija la lucha de la clase obrera hacia la destrucción del capitalismo y la construcción una nueva sociedad, la sociedad comunista. Para ese viaje si haría falta una Huelga General.

Esto Es La Democracia, che

Esto Es La Democracia, che

El régimen capitalista de producción o, lo que es lo mismo, la producción de plusvalía y su conversión en capital a través de la explotación del trabajo asalariado, se complementa con un sistema político que le es afín. La estructura política del capital adopta dos formas generales de existencia: la “dictatorial” y la “democrática”, dependiendo de la situación histórica de la producción y la coyuntura social del país concreto. En el Estado español, se ha vivido estas dos formas durante el desarrollo de la producción capitalista: en la época franquista, el sistema político adoptó la forma dictatorial; y durante la actual monarquía constitucional, la forma democrática.

A simple vista, parece que los separa una gran diferencia, ya que con la dictadura no se disfruta de las “libertades” individuales y colectivas, siendo reprimida todo intento de reclamarla o restituirla por la ley y las formas represivas a las órdenes de la dirección del Estado, que recae en un solo poder, en muchos casos unipersonal. En la forma democrática todo parece diferente porque existen “derechos” formales emanados de la soberanía popular que recae en el Parlamento elegido mediante sufragio universal. En las formas todo parece reducirse a la elección de una de las dos, sobresaliendo ventajosamente la democrática, cuando en el fondo es lo mismo, aunque para ello hay que recurrir a un pacto de coexistencia entre las clases, a un acuerdo entre ellas, que es lo que ha ocurrido con la transición democrática. Pero, como decimos, sólo es cuestión de formas, pues las bases de la sociedad capitalista permanecen inalterables ya que los medios de producción siguen siendo propiedad privada de una parte de la sociedad, la burguesía, estando la otra, el proletariado, desposeído de dichos medios, lo que le condena tener que vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario.

La ley, es decir, las normas jurídicas por medio de las cuales se relacionan los individuos no hace más que representar y legitimar las diferencias predeterminadas entre las clases. Sean estas dictatoriales o democráticas. Diferencias que se reproducen indefinidamente por las propias condiciones de producción del capital, lo que constituyen una barrera infranqueable para derribarlas si no es transformando las relaciones de producción. Por eso no se le puede pedir a la clase obrera que respete las leyes burguesas, ya que ello implica que respete las propias condiciones de su explotación y opresión, los grilletes que los ata a las condiciones de reproducción del capital.

Todo ello viene al caso por la demostración de fuerza que ha realizado la burguesía, en esta ocasión a través del PP, con la represión de la manifestación de los estudiantes en Valencia. Se ha mostrado de una manera clara el verdadero papel de la policía, que se tiende a olvidar desde los tiempos del franquismo, al no tener que emplearse a fondo para reprimir manifestaciones de rebeldía de la clase obrera contra la burguesía y su estado. Con la llegada de la democracia se firmó la paz social entre las fuerzas que apoyaron el proceso democrático, decretándose el fin del enfrentamiento entre las clases en lucha, encauzado civilizadamente a través de los procesos electorales o las negociaciones colectivas.

Es innegable que la democracia burguesa consigue ejercer un gran poder de seducción, ya que proyecta ante la conciencia social la ilusión de la igualdad entre los individuos, un ejemplo es el famoso eslogan de que “todos somos iguales ante la ley”. Esto es, en cierta manera, normal que ocurra entre la conciencia media, pues no están educados políticamente, encontrándose fascinados por las formas y su gran poder de persuasión. Pero ¿qué decimos de los que llamándose comunistas apoyan la democracia burguesa? A estos, a los revisionistas, hay que decirles que no hablen en nombre del comunismo, ni de la clase obrera, que dejen de tergiversar el marxismo y el destino del proletariado. Que se quiten la careta y se identifiquen como tal: colaboradores del capital. Criticar la represión policial por desmesurada y desproporcionada es confundir a los trabajadores e insultar a la inteligencia, ya que la policía está para defender el “orden instituido”, los intereses de la clase dominante, es decir, la burguesía, aunque esté pagada, como todo,  por los impuestos que se le arranca a la clase obrera desde otro aparato del Estado: Hacienda, …que no somos todos.

No olvidemos que el sistema capitalista, ya sea bajo los ropajes de la forma dictatorial o de la democrática formal, sigue ejerciendo su dictadura sobre el conjunto la clase obrera.

Diálogo Social, Reforma Laboral y Sindicalismo Integracionista

Diálogo Social, Reforma Laboral

y Sindicalismo integracionista


El marco general

La crisis económica del capital está consiguiendo mover montañas. En pocos años está haciendo aflorar su cara más oculta: su caducidad histórica, poniendo de manifiesto su incapacidad para seguir siendo el “guía” de la prosperidad para la humanidad. Pero la crisis económica también ha empezado a remover los aparentemente inquebrantables cimientos en que se asienta la democracia burguesa en Europa: la paz social entre clases. Comienzan a desmontarse, ladrillo a ladrillo, el cacareado Estado de Bienestar, que tanta alabanzas dedican revisionistas y colaboracionistas del capital de todo pelaje, y con el que durante tanto tiempo se ha engatusado a la clase obrera. Ahora toca recortar unos “derechos” que la propaganda burguesa vendía como intocables conquistas, necesarios para revestir de falso progreso la caótica producción capitalista.

La recesión se profundiza, apareciendo una nueva ola de decrecimiento económico en la zona euro, de cuyo vagón de cola forma parte la burguesía española. A este panorama se tiene que enfrentar la burguesía internacional si quiere mantener en pie los cimientos del régimen capitalista de producción: la propiedad privada capitalista y el trabajo asalariado que le acompaña allá a donde va. Esta negra perspectiva asfixia las expectativas del funcionamiento del capital para cumplir su función: su valorización, es decir, convertir en capital la plusvalía arrancada al trabajo asalariado. Para ello tiene que recurrir a la sobre explotación de la fuerza de trabajo, dado que la extensión del ciclo productivo, de la actividad del capital, está acotado por ahora. Tienen que empezar a crear un nuevo marco social y unas expectativas económicas distintas.

A este panorama se enfrenta la burguesía internacional a la crisis económica del capital, a su propia crisis que no puede dominar. A una crisis que se repite en el tiempo por las propias contradicciones internas de la producción capitalista. Las crisis del capital no son coyunturales, sino estructurales: fruto del funcionamiento de la estructura que inevitablemente las provoca. Por eso las soluciones a las crisis, tampoco son coyunturales sino que tienen que ser necesariamente estructurales ya que de otra manera no se soluciona sino que se prolonga en el tiempo, preparando otra crisis. A la burguesía no le queda otra solución: explotar o morir. Y a esa tarea se pone mano a la obra.

El pasado 25 de Enero se firmaron, después de dos meses de negociaciones casi clandestinas, entre las organizaciones patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos CCOO y UGT, los llamados Acuerdos sobre el Diálogo Social, que cada año se renuevan según las exigencias de la coyuntura económica y política. Por su parte, el viernes 10 de Febrero el gobierno aprobó mediante decreto-ley la nueva Reforma Laboral como medida imprescindible para reactivar la creación de empleo (argumento principal de la campaña electoral del PP). Aunque se han vendido, tanto una como otra reforma, como indispensables para salir de la crisis, eso sí, con el esfuerzo colectivo de toda la sociedad española, culpabilizada de vivir por encima de sus posibilidades. Pero lo que en realidad se persigue, desde su ámbito específico, es un cambio en las relaciones laborales con el propósito de adecuar la explotación de las fuerza de trabajo asalariada a las nuevas condiciones de la actual situación del capital, lastrada por la crisis económica y la masiva destrucción de empleo.

No nos llevemos a engaño, tanto los acuerdos de la patronal con los sindicatos como la reforma laboral del gobierno constituyen un todo del que no se deben separar las partes, por mucho que lo pretendan hacer los firmantes ante los ojos de la clase obrera, que es a quién se le pide la colaboración y el sacrificio en beneficio exclusivo de las empresas y el Estado. No hay que olvidar que se ha llevado a cabo según la hoja de ruta prevista, de manera que separando en el tiempo ambas reformas parezcan que no tienen nada que ver entre sí, ocultando el verdadero rostro del sindicalismo colaboracionista para seguir realizando su labor de maquillador de las contradicciones del sistema entre los trabajadores. Si ahondamos en la realidad, podemos observar con nitidez cómo las partes implicadas se han repartido el trabajo como buenos socios, asignando los distintos papeles que cada cual ha de representar para hacer más creíble los resultados y embaucar con más facilidad a los trabajadores que asisten desconcertados a la ceremonia de la confusión: los empresarios, sonrientes, los sindicatos, con caras largas pero con la satisfacción del deber cumplido, y el gobierno sacando pecho en las reuniones de la Unión Europea. Toda la trama se ha llevado de manera que parezca que el malo de la película es la Reforma Laboral, centrando la atención de la opinión pública en las “medidas retrógradas” del gobierno de la derecha, incluida una auto-convocada huelga general, con el propósito de que pasen desapercibidos los “acuerdos progresistas” que firmaron patronal y sindicatos con el beneplácito de los partidos del arco parlamentario

El Diálogo social

En primer lugar, llama la atención la coincidencia del discurso de los sindicatos con los argumentos de la patronal para justificar los acuerdos firmados. Que se sepa, los intereses de los trabajadores son completamente distintos del de los empresarios, tanto por la posición que ocupan en la producción como de las funciones que realizan: los capitalistas, al ser propietarios de los medios de producción, tienen la “capacidad” para contratar la fuerza de trabajo a su disposición, dirigen la producción según sus criterios y se apropian de la riqueza creada (menos el salario); los obreros, al no ser propietarios de medios de producción, sólo de su propia fuerza de trabajo, el “derecho burgués” les obliga a tener que venderla a cambio de un salario y a trabajar según las condiciones y normas de la producción capitalista, pues de otro modo no trabajarían, como ocurre cuando son expulsados a las colas del paro. Según esta división del trabajo ¿puede haber identidad de argumentos para avanzar por el mismo camino los capitalistas y los  obreros? Según CCOO y UGT ello no sólo es posible, sino muy conveniente. ¿Cómo? Ocultando la desigualdad estructural entre el patrón y el asalariado, la lucha de clases. En una sociedad tan democrática y moderna cómo la española, no hay grandes desigualdades, sólo hay que reajustar las pequeños conflictos que se producen inevitablemente mediante los mecanismos del diálogo entre los agentes sociales.

Hay que destacar que los acuerdos pactados entre la patronal y los sindicatos se dividen en dos partes bien diferenciadas: una, política, la más importante por su carácter estratégico; y otra, económica, menos importante aunque más llamativa, desde el punto de vista de la lucha de clases.

El acuerdo político es toda una declaración de guerra, un salto cualitativo en la práctica del colaboracionismo de clase para quebrar en el tiempo cualquier atisbo de organización y de lucha independiente de la clase obrera contra la burguesía y su Estado. Nos referimos al IV Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos.

El propósito de este Acuerdo es generalizar e institucionalizar la solución de conflictos entre empresarios y trabajadores para sortear la intervención judicial. La estructura creada para tal fin, compuesta por la patronal y los sindicatos, elegirá entre una nómina de profesionales a los mediadores y árbitros que serán los encargados de fiscalizar los “acuerdos” a que se lleguen. Este sistema tendrá jurisdicción sobre los conflictos derivados de la negociación colectiva, incluyendo el aspecto más espinoso: la huelga. Con ello se pretende dar un golpe mortal a la organización y lucha colectiva e independiente de los trabajadores al quedarse en manos de estos funcionarios del capital el destino de la clase obrera. En este sentido, se va a reforzar el control que se quiere ejercer sobre la clase obrera, pues este cuerpo de funcionarios va a “garantizar” que la negociación colectiva se desarrolle bajo su estricta mirada y sometido a los intereses generales y particulares de empresarios y sindicatos colaboracionistas. Para ello se va a impulsar un cambio en el marco de la negociación colectiva, donde primará el convenio de empresa en detrimento de los convenios con carácter nacional o sectorial, y una transformación sustancial en las condiciones de trabajo del proceso productivo, acomodando las condiciones de trabajo a las necesidades de las empresas sin tener en cuenta las necesidades y acuerdos pactados de los trabajadores.

El acuerdo económico es todo un atentado, una profundización en el agravamiento de las condiciones de existencia de la clase obrera: caída del salario, aumento del paro, precariedad del trabajo, deterioro en las condiciones de trabajo, etc. El aspecto más llamativo son las medidas para el control salarial, poniendo topes para controlar las subidas de sueldos que decrecerán con respecto a la subida de los precios de la cesta de la compra. El acuerdo determina que las subidas no podrán superar un techo que se fija del siguiente modo: para el año 2012 el crecimiento salarial estará comprendido entre el 0 y el 0,5%, para el año 2013 el crecimiento salarial estará comprendido entre el 0 y el 0,6%, y para el año 2014 el aumento salarial estará comprendido entre el 0 y el 1%, siempre y cuando la economía del año anterior crezca entre el 1 y el 2%.

Lógicamente, estas modificaciones que hemos señalado, y otras más, tienen la finalidad de fortalecer y potenciar la autoridad y dominio de la burguesía como clase, pues va a fraccionar aún más a la clase obrera, al debilitarse, en un primer momento, su respuesta colectiva, que es donde los comunistas tenemos que incidir. Sobre ello tenemos que reflexionar seriamente.

La Reforma laboral

La Reforma Laboral decretada por el gobierno de Rajoy (febrero 2012) también tiene su componente político, aunque es secundario en cuanto a los acuerdos sobre el Diálogo Social. Esta Reforma Laboral es más profunda porque se apoya en los acuerdos previamente firmados por patronal y sindicatos que, repetimos, no podemos ver por separado, sino interrelacionados.

En cuanto a su aspecto general, esta reforma rellena los huecos dejados por el Diálogo Social, los relativos a los aspectos económicos que son más difíciles de digerir por la opinión pública. Las modificaciones introducidas en las relaciones laborales no se podían haber planteado si no hubiese un clima favorable y distendido entre patronal y sindicatos, aunque de cara a la galería, los sindicatos aparezcan como enemigos a la Reforma Laboral. Critican algunos aspectos por “injustos” y “anticonstitucionales” que lavan su cara durante la discusión parlamentaria que ahora se tendrá que producir, siguiendo el curso que marca la legalidad burguesa.

En cuanto a su aspecto concreto, la Reforma actuará:

  • Facilitando y abaratando el despido
  • Financiando con fondos públicos la contratación privada
  • Favoreciendo la flexibilidad interna de las empresas
  • Aumentando la productividad del trabajo y la competitividad de las empresas
  • Reduciendo la aportación patronal a la Seguridad Social…

Un sindicalismo integrado en el sistema

El modelo sindical que CCOO y UGT están desarrollando es cada vez más claro: podemos resumirlo que adecua la organización de los trabajadores con la necesidad de los empresarios a través de la negociación colectiva. Aspiran a ser reconocidos por la patronal (pública o privada) y su estado como los únicos representantes fiables y eficaces para comerciar la compra y venta de la fuerza de trabajo. Este modelo se basa en el consenso entre las partes de la negociación para el libre desarrollo de las condiciones capitalista de producción.

Con el desarrollo del capitalismo se extiende también este modelo sindical, adecuándose a las necesidades del capital, más concretamente de su fracción dominante: el capital financiero, y del sector más proclive: la aristocracia obrera. La base social de este sindicalismo está mayoritariamente en las grandes empresas del sector privado y del conjunto del sector público. Esta base goza de ventajas en la venta de su fuerza de trabajo y privilegios específicos en las empresas. La cúpula de este sindicalismo disfruta de ventajas económicas que reciben del Estado, vía los presupuestos generales, y de la patronal, a través de la negociación de los convenios colectivos.

El desarrollo de este modelo sindical implica el salto de la práctica sindical colaboracionista, que se le ha quedado pequeño, a la práctica sindical actual ya plenamente integrada en el sistema. Ello consiste básicamente en pasar de formar parte de la negociación, a formar parte integrante del aparato del Estado, como la policía, los jueces o el ejército. El revisionismo y el oportunismo no han comprendido la verdadera naturaleza de estos sindicatos, a los que todavía consideran útiles para la lucha reivindicativa de los trabajadores, con el argumento de que son sus representantes legítimos y mayoritarios. Se aferran políticamente a este reconocimiento por dos motivos: uno, abstracto, ideológico, al considerarlos exclusivamente desde una óptica reivindicativa, organizaciones para la compra y venta de la fuerza de trabajo; otro, concreto, prosaico, porque sus militantes forman parte del aparato sindical, son en su mayor parte liberados y/o delegados sindicales que verían peligrar sus privilegios y funcionalidad al tener que regresar a la cruda intemperie del trabajo asalariado, como cualquier obrero.

Los trabajadores deben comprender que apoyar de una u otra manera a estos sindicatos es echarse tierra sobre sus espaldas, enterrar sus intereses como clase a una política colaboracionista con la patronal y el estado burgués. Los trabajadores deben comprender que si quieren luchar por sus intereses individuales y colectivos deben alejarse lo más posible de los tentáculos de estos sindicatos, como de otros que aceptan sin dudarlo las normas y leyes del sistema capitalista. Los trabajadores deben trabajar por crear una alternativa sindical que luche tanto por mejoras económicas inmediatas, como por la destrucción de las condiciones de producción del capital. Se deben crear organizaciones de masas que sirvan para sacudirse la modorra sumisa y forjar una conciencia proletaria, una conciencia de explotación que se rebele contra la sociedad capitalista, que sea una escuela de comunismo.

Este impulso por crear organizaciones de masas con este carácter debe ir unido a la construcción de las condiciones de emancipación de la clase obrera, la construcción de un partido que dirija la lucha por la derrota de la burguesía y la construcción de la sociedad comunista. En eso estamos.