¡REBÉLATE!

Con este texto queremos abordar un dogma que, a nuestro entender, tiene cautivas la conciencia y la práctica de muchos trabajadores a los intereses de la burguesía. Nos referimos a la consigna histórica de la política socialdemócrata: la unidad de la izquierda.

Como decimos, esta consigna no tiene nada que ver con la teoría y la práctica marxista, no es resultado de la acción científica del marxismo sobre las estructuras del régimen capitalista, ni fruto de la lucha del proletariado revolucionario, sino más bien está relacionada con el campo de la sociología política, disciplina que trabaja la realidad social a través de representaciones ideológicas, orientando la lucha política de las clases en acción hacia el juego parlamentario burgués, que es en último extremo la finalidad política del conglomerado que forma esa unidad de la izquierda.

Para posicionarse correctamente ante esta consigna, es decir desde una posición de clase, debemos resolver previamente el problema que le plantea la realidad social al proletariado: ¿Hay que salvar al régimen capitalista de producción o destruirlo? Dependiendo de la posición ideológica y política que se adopte ante este dilema que dependerá todo lo demás, todas las vías posibles de intervención política. Es así de simple, aunque se den todos los rodeos que se quiera, o se cojan todos los atajos disponibles.

El punto de partida del proletariado ante esta disyuntiva va a depender de su nivel de conciencia y de la experiencia histórica de cada país en concreto. De la agudización de las contradicciones objetivas y de la existencia o no de una vanguardia que esté en disposición de asumir dicha tarea histórica.

Las organizaciones obreras partidarias de salvar el sistema capitalista adoptan la posición de colaborar con él y su burguesía, asumiendo el papel de agentes mediadores en la venta de la fuerza de trabajo por un mejor precio. A ello se le une las reformas políticas y sociales que permitan una mayor integración de la clase obrera en el entramado político burgués. Las organizaciones que por el contrario son partidarias de destruir el sistema capitalista, no adoptan una posición conciliadora con la burguesía, sino que trabajan para preparar las condiciones para la toma de la dirección política de la sociedad y la transformación de las condiciones de la producción burguesa.

Entre estos dos niveles de conciencia y organización de la clase obrera pretende situarse la consigna de la unidad de la izquierda, tanto contra la parte más reaccionaria de la burguesía, concretada en la política neoliberal, como contra la parte más avanzada del proletariado, concretada en la política revolucionaria que persigue la toma del poder político y la instauración de la dictadura del proletariado como instrumento para el desarrollo de nuevas relaciones sociales de producción.

Si nos atenemos al nivel más atrasado de los trabajadores, el menos experimentado en la lucha política y más proclive al pacto social, siendo esta una manifestación espontánea y lógica de sus intereses de clase, ya que su nivel de conciencia les lleva a mantener la ilusión de que con ello se pueden frenar las políticas depredadoras de la patronal y del Estado.

Pero como la lucha de clases no entiende de las subjetividades de los agentes sociales, sino de los intereses materiales de las clases en acción. Y que las consignas políticas no son nunca inocentes ni neutrales, sino que albergan un contenido de clase bien definido. Por eso la defensa de la consigna de la unidad de la izquierda siempre ha sido, para las organizaciones reformistas y revisionistas, que la presenta ante su electorado como una vitola obrera, siendo en realidad nada más que una variante progre de la política burguesa, una operación de marketing para conseguir votos del sector de la clase obrera más atrasado políticamente, embelesado por el juego parlamentario, confiado al reparto aritmético del sistema representativo burgués como instrumento para dirimir las diferencias entre las clases sociales. En este sentido, las organizaciones de izquierdas del arco parlamentario y social fomentan esta creencia entre su electorado de manera interesada, puesto que les permite desarrollar su política colaboracionista teniendo un apoyo social que presentar ante sus competidores.

Las organizaciones que defienden con más ahínco esa unidad de la izquierda es el bloque constituido en torno al PSOE, IU-PCE, CCOO y UGT. A este respecto nos tendríamos que preguntar ¿son de izquierdas estas organizaciones? Si por izquierda se entiende la marca blanca y pulcra de la política obrera, la política ligada a conseguir reformas para “limar” los aspectos más negativos del funcionamiento del capital (la actuación del monopolio y la especulación financiera), son de izquierda con distintas variantes. Pero como decimos, ser de izquierdas o de derechas no es signo de distinción política, puesto que lo que distingue políticamente a las clases son los objetivos y finalidades que persiguen. ¿Es el PSOE una organización de izquierdas, defensor de los intereses de la clase obrera? Su trayectoria histórica y reciente nos demuestra que es todo lo contrario, un partido al servicio de los intereses de la burguesía democrática, defensor del régimen capitalista de producción. ¿Son IU y PCE organizaciones que quieran romper con las estructuras capitalistas, dispuestas a luchar por una sociedad sin clases? Sus diferentes actividades políticas nos indican que son defensores de una variante de la política burguesa, defensores de un capitalismo con rostro humano, una sociedad que se rija por la explotación de la fuerza de trabajo pero redistribuidora de la riqueza creada a través del Estado supuestamente neutral. ¿Son CCOO y UGT organizaciones de izquierdas o, por el contrario, asociaciones al servicio de la economía capitalista, meros manijeros en la venta de la fuerza de trabajo asalariada?

Viene muy bien al caso la reciente actuación de la Junta de Andalucía sobre los recortes salariales. No ha tardado mucho la coalición de gobierno, formada por PSOE e IU, para llegar a un acuerdo general contra los trabajadores del sector público: Se han apresurado a cortar por lo sano, recurriendo a la bajada de salarios, aumento de la jornada laboral, despido de interinos y eventuales…. Los depositarios del voto de la unidad de la izquierda no han dudado en utilizarlo para todo lo contrario de lo que pregonaban en la campaña electoral: que era para defender Andalucía de las políticas de derechas del PP y de la políticas neoliberales de la Unión Europea.

El proletariado, para realizarse como clase y asumir su tarea histórica, que le prepara el propio desarrollo de la producción capitalista, no necesita de marcas electorales rimbombantes, ni de programas electorales “salvadores” ajenos a sus necesidades materiales y políticas como clase independiente de los intereses de la burguesía. Lo que realmente favorece la comprensión de esta tarea histórica es la puesta en práctica y desarrollo de una política que abra espacios políticos y organizativos para educar a los distintos sectores de la clase obrera en consonancia con sus intereses estratégicos de liquidar las condiciones de producción capitalistas e iniciar la tarea de la construcción de una sociedad sin clases. 



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Revista A DEBATE Nº 0

1. – Introducción: la democracia burguesa como etapa necesaria al socialismo

 A pesar de las escasas décadas que media entre la revolución burguesa, con sus declaraciones de derechos formales, y la formulación del socialismo científico, ambas se diferenciaban radicalmente, en consonancia con los intereses de las clases que representaban.

 La teoría marxista, pone en evidencia, desde su inicio, el carácter reaccionario de la ideología burguesa y la función social que realiza pues deja al descubierto la naturaleza y finalidad del sistema capitalista: la producción de plusvalía y acumulación de capital. Con ello, destapa el manto misterioso de los “derechos inalienables de la sociedad burguesa”, señalando las nuevas formas de opresión y dominio, velos ideológicos de una esclavitud de nuevo cuño ejercida por una nueva minoría.

La dialéctica del proceso real, el desarrollo de las relaciones capitalistas de producción, iba lentamente convirtiendo en conservadora a la inicialmente revolucionaria burguesía tras la conquista del poder político, a la vez que revolucionaba al proletariado al convertirlo en clase con conciencia de su finalidad histórica. El enfrentamiento de clases y la necesidad de expropiación de los medios de producción y de intercambio era una consecuencia de ese desarrollo.

El socialismo científico criticaba de forma demoledora la pretensión que el liberalismo tenía de ser la oposición de las antiguas teorías idealistas, y destrozaba sobre todo su farsa, su pretensión de “virtud intrínseca”, su voluntad de eternidad basada en el gradual y evolutivo perfeccionamiento del sistema a través del parlamentarismo y del derecho al voto, en las pequeñas mejoras económicas que se desprendían de un crecimiento del aparato productivo desconocido hasta entonces. Pero lo que fundamentalmente aporta de novedoso el socialismo científico, es la solución a los problemas que trae el desarrollo de la producción capitalista sin tener que recurrir a idealizaciones morales y filosóficas fuera de la estructura material de producción, pues apunta que es la lucha de clases el instrumento de ruptura y superación de la estructura social. Señala que es el proletariado el que tiene que crear sus propias condiciones para su liberación mediante la toma del poder político e instauración de la dictadura del proletariado. Para ello es necesario construir, en primer lugar, el partido que dirija el proceso revolucionario.

Esa mencionada escasez de tiempo contribuye ideológicamente a facilitar la perversión de la teoría del proletariado, la revisión y trastoque de sus principios, al presentar la democracia y el comunismo como ramas de un tronco común de progreso, conceptos que no se pueden disociar de manera que avanzan en paralelo, que se perfeccionan mutuamente, dando por supuesto que todo progreso hacia la consecución de uno significa el avance del otro, y que su destino común es la unificación. A esta confusión tan poco inocente entre concepciones radicalmente irreconciliables contribuyeron aquellos sucesos históricos de lucha contra estructuras pre-burguesas, en los que el empeño en el triunfo de la democracia que proclamaba la burguesía contó con la colaboración del nuevo proletariado. La confusión se convierte así en un mito venenoso y sólido, que tendría en el futuro insospechadas y dañinas consecuencias para la clase obrera. A ello ha contribuido y sigue contribuyendo la política revisionista.

Los comunistas sabemos sobradamente que el revisionismo es enemigo declarado de los intereses estratégicos del proletariado, puesto que su finalidad es encauzar su lucha hacia la consecución de reformas políticas y económicas dentro del marco legal de la estructura capitalista.

Del PCE no hay mucho que decir, pues su incidencia actual es nula y su desprestigio enorme. Pero no podemos olvidar que en el estado español ha tenido influencia entre las masas creando escuela entre determinadas “vanguardias”: ha sido la fuente de la que ha emanado el “nuevo” revisionismo que representa el PCPE, entre otras organizaciones. La finalidad de este “nuevo” revisionismo es “rejuvenecer” las viejas y rancias tesis de esta corriente desviacionista para adaptarla a la realidad actual amparándose en un discurso pseudo revolucionario (“marxista” en la teoría y reaccionario en la práctica) con el objetivo de atraer hacia sus posiciones a la legión de dudosos e incautos que pululan por el panorama político a la caza de “nuevas alternativas”. Este “moderno” revisionismo, como el viejo, se caracteriza por la defensa a ultranza de la democracia burguesa como estructura política que favorece la lucha de la clase obrera por el socialismo, tanto en cuanto que aísla al capital financiero al favorecer la alianza de clases de las fuerzas antimonopolistas, como que impulsa la educación política de las masas trabajadoras contra el enemigo principal, el capital financiero.

Esta defensa de la democracia burguesa está apoyada en una concepción economicista de la teoría marxista, al considerar el socialismo como una cuestión de forma respecto al capitalismo, la “transformación” de la forma privada de los medios de producción a la forma social mediante el simple cambio jurídico, transformándose con ello lo privado en colectivo por el traspaso de la propiedad jurídica individual a todo el pueblo, encarnado en el Estado. Es, por ello, por lo que se defiende con tanto ahínco la propiedad pública estatal en el régimen capitalista de producción, que se considera una forma embrionaria socialista.

Este trabajo forma parte de una tarea general que tiene por objeto luchar contra las bases ideológicas y políticas del revisionismo, dado que los marxistas debemos profundizar en conocer la evolución de la naturaleza y práctica de esta corriente burguesa. Como hemos dicho anteriormente, el revisionismo “moderno” defiende, al menos en la práctica, la democracia burguesa, en cuanto que: 1) acepta las funciones y actividad de los aparatos del estado burgués pues entiende que depende de quienes lo dirija, 2) el acceso a las instituciones burguesas ya que es el modo de controlar al aparato estatal, 3) la forma de participación “ciudadana” en que se apoya el dominio político e ideológico de la burguesía.

No se puede olvidar a la hora de establecer la crítica teórica y lucha política contra el revisionismo, que la democracia burguesa, como una forma de expresión política específica de la producción capitalista, tiene por objetivo el establecimiento de un pacto social, un acuerdo entre las clases sociales enfrentadas para que el Estado se haga cargo de la “administración” de la sociedad. En virtud de dicho acuerdo, el Estado se convierte en el aparato aceptado y legitimado para que se reproduzca la división en clases de la sociedad que presupone la producción capitalista.

De esta manera, el Estado burgués, en representación del conjunto de la “sociedad”, proyecta ante los ojos de los agentes sociales una visión de legalidad y legitimidad de las condiciones de producción, que apoyándose en categorías ideológicas apropiadas a la realidad que perciben, oculta el verdadero contenido de las relaciones sociales al invertir la realidad adulterándola (fetichismo). Estas categorías ideológicas de la estructura política democrática burguesa hace creer, por ejemplo, a los individuos que son iguales, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el político, por el efecto de las mismas formas ideológicas. Ocurre lo mismo que con las categorías económicas de la producción capitalista; por ejemplo, con la mercancía, que hace creer a los productores que es la misma forma mercancía la que crea el valor y no la portadora, estando el origen del valor de la mercancía en el trabajo privado e individual contenido en ella.

El revisionismo, presa de esta concepción vulgar de la realidad social, que el marxismo trasciende por su carácter científico y de clase, la acepta sin rechistar dirigiendo su acción hacia las consecuencias de la realidad social y no hacia sus causas. Por eso, su “crítica” al capitalismo toma la forma de reproche que le hace a la democracia burguesa por el déficit democrático y la desnaturalización del ejercicio democrático que le impone la fracción burguesa dominante. Para corregir estas desviaciones “antidemocráticas” se propone la neutralidad del Estado. Este objetivo, desde luego no confesado, de “neutralizar” el Estado, de democratizarle, se apoya en una concepción de esa institución como herramienta o instrumento que, pudiendo utilizarse bien se utiliza mal (instrumentalización que se basa en su concepción de neutralidad, por encima de las clases). Como tampoco se confiesa que esa idea del Estado como instrumento bien utilizado, en función de quien lo maneje, se apoya a su vez en la idea de su permanencia (¿qué sentido tendría su desaparición?) más allá de un horizonte histórico previsible. Y así, a la vez que se escamotea la posibilidad histórica de la extinción, se escamotea también su necesidad, y con ello la esencia del comunismo científico.

Con la neutralidad del Estado también se propone la mayor transparencia en las relaciones económicas y la profundización en la participación política como medio de control de las instituciones democráticas. Estos procesos, articulados, constituye la base de la transición pacífica al socialismo, que en otro trabajo posterior abordaremos con más detenimiento. Ahora nos vamos a centrar exclusivamente en las categorías ideológicas que legitiman el pacto social entre clases, las categorías ideológicas que legitiman el papel y funciones del Estado burgués.

2. – Las categorías ideológicas fundamentales de la democracia burguesa

2.1. – La libertad

La categoría que ocupa el vértice de la pirámide ideológica burguesa es la libertad. Esta categoría sintetiza la concepción burguesa de la naturaleza humana. Del concepto de libertad emanan las demás categorías ideológicas que justifican la superioridad de la burguesía como clase. La libertad es siempre entendida individualmente: la libertad del individuo burgués frente al resto de los demás individuos.

La libertad entendida como la libre voluntad del individuo para satisfacer sus necesidades vitales y sociales es una representación de las relaciones sociales mercantiles, que explica la realidad invertida: como que existen cosas que se intercambian a través de los individuos en lugar de individuos que se relacionan a través de las cosas, productos de sus trabajo. La libertad es, pues, la voluntad de los individuos para comprar y vender los productos de sus trabajos. En este sentido, la libertad burguesa se hace más ancha que la libertad feudal, encorsetada por las trabas feudales que sometía al individuo a la marca geográfica en donde vivía y se relacionaba.

La libertad burguesa se ensancha y, lo mismo que el desarrollo de la producción y la circulación y distribución de mercancías y capitales, rompe la sujeción al territorio expandiéndose como un bien general y universal. La libre concurrencia en que está basado el capital envuelve el concepto de la libertad dando a entender que la voluntad de los individuos es infinita pues todo lo puede conseguir con tal de proponérselo. Pero la realidad es muy distinta, pues las leyes del mercado se convierten en un freno a la concurrencia, una negación de la libertad. La concurrencia y sus leyes es la que se impone a la “libre voluntad” de los individuos, entablándose una lucha entre dos polos opuestos: lo que se impone son las leyes a los individuos, que se tienen que comportar como aquellas mandan.

El burgués, para ejercer su libertad de explotar la fuerza de trabajo del obrero, se tiene que plegar a la rentabilidad del capital, es decir, a la productividad del trabajo y a la realización de la plusvalía: su libertad queda limitada por la acción de las leyes de la producción. Esta es la libertad del burgués, de la clase burguesa ¿Pero cuál es la libertad del obrero, de la clase proletaria? Su libertad también está condicionada por las relaciones sociales de la producción capitalista. Pero hay una diferencia de contenido: el burgués, puede elegir a quién contratar; el proletario, puede elegir con quién trabajar. A partir de aquí termina la igualdad formal que envuelve la relación económica entre el burgués y el proletario.

El burgués, además de elegir, puede decidir y dirigir, es decir, actuar de acuerdo a sus intereses como individuo y como clase, mientras que el proletario no puede actuar libremente si no es siguiendo las indicaciones que le marque el burgués: se limita a ejecutar las órdenes que le viene impuesta por las relaciones económicas  de acuerdo a la producción de plusvalía a través de las directrices del burgués. Elige pero sólo a los que van a decidir y dirigir por él los asuntos públicos y privados, pero en ningún caso el contenido y norma de la función social. La libertad burguesa, tal como se ejerce en las relaciones sociales, es en realidad una imposición a la voluntad humana, el acatamiento de las funciones y prácticas sociales que  viene impuesto por las condiciones de la producción capitalista, que se representan ideológicamente a través de categorías y normas sociales aceptadas por “todos” debido a su carácter democrático al ser sancionadas por el conjunto de la sociedad mediante el establecimiento de un pacto social: aceptar el ordenamiento jurídico de la democracia burguesa y su forma de representación política, la delegación.

En la Constitución que rige en el estado español, el concepto de libertad se hace todavía más abstracto y, por tanto, más opaco, borrándose aún más la relación social que le da contenido y la determina. En la Constitución, la libertad es definida como el ejercicio de la voluntad de los “ciudadanos” a través de la consecución de unos derechos que reconoce el ordenamiento jurídico. Estos derechos son lógicamente papel mojado pues su consecución depende de la lucha de clases y no de la palabrería y “buenas intenciones” de la clase dominante.

Para la teoría marxista, la libertad tiene: 1) un contenido de clase, en donde cada clase actúa según la finalidad que persigue, 2) una finalidad social, de acuerdo a sus intereses de clase. En este sentido, la libertad, es para el proletariado, el ejercicio de la acción colectiva en pos de la liberación como clase de los grilletes del capital con la finalidad de construir un nuevo orden social en donde desaparezca las clases sociales. En la medida en que el proletariado se comporta como clase de acuerdo a su finalidad, más libre es porque conoce y pone en práctica las condiciones de su liberación, en el sentido que conoce las leyes por el que se rige el capital y las utiliza para su destrucción. El primer paso de su libertad y para su libertad es la construcción del partido, condición política para dirigir el proceso de su liberación.

2.2. – La justicia

La justicia es la segunda categoría en el ranking ideológico burgués. La justicia en la Constitución es definida como el cumplimiento de la ley, que es la que la conforma: la justicia no existe sin ley, y para las sociedades democráticas, sin participación “ciudadana”, que es la que le otorga legitimidad a la ley. Para la burguesía, la justicia emana del pueblo, representado en el Parlamento, y administrado por el Rey y los jueces y magistrados. La ley está por encima de la justicia, habiendo justicia si se cumple la ley, que lo garantiza las instituciones. En la lógica burguesa, el Estado es justo porque hace cumplir la ley.

En la sociedad burguesa, la ley como la libertad tiene un contenido de clase, que depende de las condiciones de la producción capitalista. Por ejemplo, la ley reconoce la propiedad privada y la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. El ordenamiento jurídico lo reconoce porque se pliega a las condiciones de la producción, reflejando jurídicamente las relaciones de producción basada en la explotación de la fuerza de trabajo asalariada. Ello implica que el capitalista, que es propietario privado de los medios de producción, contrata a la fuerza de trabajo para ser explotada, lo que le faculta para apropiarse del excedente producido. Ello implica, que el obrero, que es propietario solo y exclusivamente de su fuerza de trabajo, vende su fuerza de trabajo por un salario, condición de su explotación.

Según la justicia capitalista, la explotación es justa porque lo recoge la ley, aunque esta realidad queda disfrazada por la categoría económica salario, que representa ante los ojos de los agentes sociales el valor del trabajo en lugar del valor de la fuerza de trabajo contratada.

Para la teoría marxista, la justicia tiene un contenido de clase, estando ligada: 1) a la consecución de los objetivos que se persiguen, 2) al conocimiento y actuación de acuerdo a la realidad que se quiere conseguir.

2.3. – La igualdad

La igualdad es la tercera categoría en importancia de la ideología burguesa. La igualdad es la consecuencia de la libertad actuando con justicia, es decir, aplicando la ley. La Constitución define la igualdad como la no discriminación ante la ley por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Para la burguesía existe la igualdad individual, derivado de un derecho formal: la igualdad ante la ley en cuanto no se puede discriminar y en cuanto al derecho a la participación a elegir a los representante políticos mediante el voto, pero en ningún caso la igualdad colectiva, de clase, pues ésta se fundamenta en la propiedad privada capitalista: la propiedad que le da derecho a explotar la fuerza de trabajo asalariada. Ello se reconoce en la constitución a través del artículo 33, apartados 1, 2 y 3, (derecho a la propiedad) y artículo 38 (libertad de empresa en el marco de la economía de mercado).

Existiendo propiedad privada no puede existir igualdad, pues es la condición de la desigualdad, que queda evidenciada por la existencia de clases sociales antagónicas. El capitalista si desea aumentar su capital debe hacerlo sobre la base de la realización de la plusvalía extraída a la fuerza de trabajo asalariada. Los beneficios de la clase burguesa están ligados al trabajo de los obreros y aunque quiera no podría prescindir de ellos, aunque en determinadas situaciones los expulse de los canales de la producción. De la misma manera, los obreros se sienten obligados a establecer relaciones con los capitalistas, pues de lo contrario se morirían de hambre: se sienten obligados a vender su fuerza de trabajo. Esta relación individual, que se plasma mediante un contrato privado, no es más que la forma como se manifiesta la relación social entre clases por la existencia de la propiedad privada capitalista, de la existencia del capital, por un lado, y el trabajo asalariado, por otro lado.

2.4. – La elección

La libertad individual burguesa se desarrolla socialmente como libertades colectivas democráticas. Estas libertades tienen por función regular las relaciones entre las personas y clases y entre estas y el Estado. El derecho colectivo fundamental es el de la elección, la elección de los “poderes públicos”, a través de los instrumentos que le son propio a la democracia burguesa: el voto individual y secreto.

La acción política que le está reservada a la clase obrera es la de elegir a los “representantes” de la sociedad, pero no a la actividad de los elegidos, que es selectiva pues depende del programa del partido al que se pertenece y a los intereses de la clase que se defiende. Sin embargo, hay una idea muy extendida de que el voto sirve para cambiar las cosas, pues cambia hasta el gobierno, sin reparar que en las sociedades democráticas el gobierno y la oposición son una misma cosa, distintas caras de la misma moneda, pues ambos, incluidos los pequeños partidos que se presentan como “alternativas diferentes” defienden en esencia lo mismo: el respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico, el respeto a las normas constitucionales y las relaciones sociales de producción, cambiando las formas de ese “respeto”.

Los instrumentos de participación son dados desde el punto de vista legal: se realiza a través de los partidos que designan quienes serán los representantes de la soberanía popular, los especialistas de la política con mayúscula que desarrollan su acción en el Parlamento, el templo de donde se dicta las normas por las que se tienen que regir los individuos y las clases sociales. No hay otros lugares donde se pueda ejercer la lucha política pues en los centros de trabajo está prohibido hacer política, ya que se va a trabajar, lo mismo que en la calle, que tiene que estar reglamentada toda acción y manifestación pública.

Todos las instituciones del Estado y sus funciones hacen política pues aplican  el ordenamiento jurídico y velan por que se cumplan, hasta el ejército y los cuerpos represivos hacen política, ya que están al servicio del ordenamiento jurídico. Desde consejos de administración de las empresas hacen política, el Rey hace política, los jueces hacen política, los sindicatos colaboracionistas hacen política….. burguesa.

A la clase obrera se le permite la participación en la política, como hemos dicho, pero siempre y cuanto actúe para legitimar la actividad del Estado en su función general de velar por la reproducción de las condiciones de producción capitalista…, aunque ello se vista con el manto de la redistribución de la riqueza y el mantenimiento de los servicio públicos. En este sentido, la actividad política de la clase obrera se la encorseta en la lucha por mejorar sus condiciones de vida y trabajo como premio por aceptar el ordenamiento jurídico burgués, desplazando del enfrentamiento la lucha de clases, la lucha por destruir las condiciones de su explotación económica y su opresión política. Toda acción encaminada a participar en las instituciones burguesas para desde allí cambiar el rumbo de la sociedad capitalista y superar el carácter de clase del Estado burgués es una actividad que embellece la democracia burguesa como instrumento político para ejercer la dictadura de la burguesía sobre el proletariado.

A este embellecimiento se llega también calificando la burguesía como “antidemocrática” o insuficientemente democrática, contraria al sistema político parlamentario liberal. Como si éste hubiese sido un logro heroico, el objetivo de la lucha de los buenos y esforzados burgueses en su lucha contra el malvado feudalismo, pero al que luego renunciaron; como si su adorada democracia no hubiese, tras la IIª Guerra Mundial, incorporado con toda tranquilidad y desparpajo concepciones e instituciones fascista. Ocultan así a los proletarios que la democracia no es más que la correlación en el plano político del sistema basado en la producción de mercancías y su intercambio, mercancías entre las que se encuentran la fuerza de trabajo, mercancías que tienen que ser intercambiadas de forma necesaria por individuos “libres” e “iguales” en derechos. El siguiente paso está al alcance de cualquiera: si la burguesía es “antidemocrática”, la lucha por la democracia (la única posible, la universal, la democracia real y pura, por encima de épocas y modos de producción)… !es revolucionaria”. Carrillo sacó buen partido de este sencillo truquillo al alcance de todos los públicos en su teorización del eurocomunismo. Lo malo es cuando, con nuevas fanfarrias y al gusto de la época, nos vuelven a enseñar el pastel con pretensiones de que creamos que está recién sacado del horno.

3. – Los argumentos ideológicos y políticos del revisionismo para apoyar la democracia burguesa

3.1. – La política revisionista es muy hábil en esta tarea que le reserva la burguesía. Los partidos y sindicatos colaboracionistas han tenido una importante responsabilidad en la represión contra los trabajadores en favor de la colaboración de clases. Se ha justificado esta colaboración como escusa para debilitar a la política fascista que engrasaba las venas del poder fáctico en el periodo de la transición democrática, pero en realidad lo que se estaba apoyando era la política de la burguesía imperialista que se tenía que hacer un hueco en los poderes del Estado burgués. La responsabilidad del revisionismo es muchísima pues ha sido la fuerza de choque para erradicar la lucha de clases de los centros de trabajo y la lucha en la calle, desarmando desde el punto de vista ideológico y organizativo a los trabajadores por la falta de instrumentos de participación colectiva y de la tergiversación de la teoría marxista.

La política revisionista está contaminada de la concepción burguesa de la política, que consiste en la habilidad para moverse entre pactos y negociaciones a espalda de los trabajadores, en la capacidad de engañar, de llegar a acuerdos y olvidarse de los intereses de los trabajadores en beneficio de la rentabilidad de las empresas y la economía “nacional”, de ignorar las promesas realizadas, de escabullirse cuando los trabajadores deciden tomar las riendas de su lucha, de someter los principios a la táctica del momento, de ponerse a la cola del movimiento espontáneo de las masas trabajadoras para encorsetarla y enmudecerla, de reprimir a los trabajadores más avanzados, de ser delatores de la policía, etc. El Partido Comunista de España ha sido esto y mucho más, dejando un poso para que otras organizaciones sigan sus pasos, adaptándose a la realidad actual pero conservando las viejas tesis de apoyo a la democracia burguesa para salvar al capitalismo.

3.2. – El PCPE define el concepto democracia a través de su propuesta de proyecto histórico (una República Española Confederal y Socialista). Se concibe este proyecto con la finalidad de articular una organización social de acuerdo a los intereses de las grandes mayorías para mejorar sus condiciones de vida. Esta estructura social preparará las “condiciones objetivas y subjetivas para el tránsito al socialismo”. Como se puede observar, por ahí van los tiros de dicha organización revisionista. Toda una declaración de principios ajeno a la teoría marxista, en donde se suprime la lucha de clases para sustituirla por la lucha parlamentaria como instrumento para resolver las contradicciones entre clases.

La construcción del concepto democracia avanzada, en oposición al concepto de democracia formal, está determinado por un conjunto de categorías articuladas que constituyen el armazón del proyecto histórico, en donde la principal es la justicia social. La condición para que se desarrolle el proyecto es “que se haga bajo la atenta mirada y hegemonía de la clase obrera en alianza con las distintas fuerzas políticas y sociales antimonopolistas” en oposición frontal al proyecto burgués de democracia burguesa. Los elementos de este proyecto son: 1) República como forma de Estado en oposición a la Monarquía, 2) Derecho de autodeterminación en oposición a la existencia y desarrollo de las Autonomías, 3) Justicia social en oposición a la justicia formal, 4) Defensa de la propiedad pública en oposición a las privatizaciones de los sectores estratégicos, 5) Participación obrera en la gestión de la producción en oposición a la concentración de la propiedad en manos del capital financiero.

Como decimos, la categoría fundamental de la democracia avanzada es la justicia social pues es la que va a determinar la capacidad de elección y protagonismo en las decisiones que afectan a las mayorías. Por democracia avanzada se entiende la igualdad de los agentes sociales, pero a diferencia de la burguesía se introduce el matiz que esta igualdad no puede quedarse en lo meramente formal, ya que ello solo afecta a la no discriminación ante la ley y a la participación en los asuntos públicos mediante el voto, mientras que la que se defiende tiene que “afectar también a lo económico”, que se realiza mediante la “redistribución de la riqueza creada” por el trabajo a través de la intervención del Estado republicano. Bonita forma de actuar, pues se tiene que recurrir a una pirueta mental para desmarcarse desde el punto de vista ideológico de la burguesía sin romper con las condiciones de la producción capitalista. ¡Qué gran avance teórico y político nos ofrece el revisionismo del PCPE en la lucha por el socialismo!

Sin embargo, desde el punto de vista político no hay tal desmarque del proyecto burgués, puesto que la estructura social que define el proyecto histórico del PCPE estaría apoyada en los mecanismos propios de la democracia burguesa: en el voto individual y secreto y en la hegemonía política y jurídica del Parlamento, que seguiría siendo el representante de la soberanía popular. Por cierto, ¿qué papel jugarían en este proyecto los aparatos propios del Estado burgués como la policía y el ejército, la judicatura, etc.? Bonita forma de proceder con tal de ganarse la confianza y el voto de la legión de dudosos e incautos que habitan por la fauna política. Os recordamos, una vez más, que la igualdad no existe hasta que no cese la explotación, pues con la redistribución no se consigue, ya que se redistribuye el valor creado menos el excedente que se apropia la clase capitalista. Os recordamos, asimismo, que el Estado no es neutral, ni lo ha sido históricamente ni lo será hasta, al menos, que no se extingan las clases por la eliminación de las condiciones de producción a que están sujetas: la propiedad privada capitalista por la acción de la lucha de clases y su sustitución por nuevas condiciones de producción y vida que tengan por finalidad la planificación social de la producción y la apropiación social de la naturaleza.

Según el proyecto histórico del PCPE, la democracia avanzada que se antepone a la democracia formal burguesa se consigue por el mero hecho de proponérselo mentalmente, sin tener en cuenta las condiciones materiales para conseguirlo: ¿En qué consiste la participación obrera en la producción: en planificar la producción, en distribuir “equitativamente” el valor creado ? ¿Cómo se consigue dicha participación: por las armas, por ley, por acuerdos? A nosotros se nos antoja que esta proyecto histórico como producción mental es fruto de cerebros poco evolucionados en el desarrollo social, poco conocedores de cómo se ha desarrollado históricamente la sociedad humana, de cerebro más propios de primates que de personas con un nivel intelectual medio.

La concepción revisionista sobre la lucha de clases es, en el mejor de los casos, idealista puesto que concibe la realidad material como fruto de la idea, la sociedad conformada a las ideas morales y filosóficas de las personas. Perno como nosotros pensamos que el idealismo no es inocente, que cumple un papel en la lucha ideológica, el revisionismo es sobre todo dañino pues crea falsas ilusiones entre el proletariado inculcando la idea de que el capitalismo crea las condiciones para su lenta transformación, con lo que no tenemos más que aferrarnos a sus aspectos progresistas, la democracia, para esperar a que llegue ese momento.

A modo de conclusión: la democracia en general no puede existir sin igualdad, y ésta no existe si hay desigualdad económica, esto es, las condiciones para que existen explotados y explotadores, reproduciéndose las condiciones de la desigualdad.

Junio, 2012

El próximo número estará dedicado a la 2ª parte titulado: Revisionismo y el Estado


Invitamos desde estas páginas a todas aquellas organizaciones y militantes revolucionarios a debatir sus posiciones sobre los temas que se publican y a colaborar o escribir sobre los problemas de la construcción del partido y la revolución socialista en el estado español.