El Estado Federal: Nadar y Guardar la Ropa

El Estado Federal:

Nadar y guardar la ropa

Navarro-cayo2

Después de treinta y cinco años de vigencia de la Constitución burguesa española, se está abriendo paso de la mano del PSOE y de IU-PCE la propuesta de reformar el título VIII de la Constitución relativo a la forma de organización del Estado español. Está tomando impulso a raíz de la determinación de CIU y ERC de convocar un referéndum sobre el derecho a la autodeterminación de Cataluña.

Una visión general de la problemática independentista de Cataluña

La propuesta del PSOE e IU-PCE de impulsar el Estado Federal en sustitución del Estado de las Autonomías no solo tiene un sentido coyuntural, -mediar en la brecha abierta entre las fuerzas sociales soberanistas e independentistas catalanas y el Estado central-, sino que persigue además actuar en favor del Estado burgués del que forman parte política e ideológicamente las fuerzas catalanistas adaptándolo a la situación concreta del sistema de contradicciones existente en el seno de la clase dominante con el objeto de ser más eficaz en su función de reproducir las condiciones generales de la explotación capitalista.

De manera inmediata se pretende actuar intentando impedir que tome cuerpo el derecho a la autodeterminación de Cataluña que parte de la pequeña y mediana burguesía catalana, apoyada por sectores de la aristocracia obrera, mediante la convocatoria de un Referéndum como vía para defender sus intereses económicos y políticos frente al capital monopolista. Para llegar a conocer el estado actual de esta contradicción tenemos que recurrir a algunos datos que ilustran cómo está afectando a las distintas fracciones de la burguesía el desarrollo de la crisis económica. Estos datos nos pueden dar algunas claves para comprender mejor el camino escogido por CIU y ERC en nombre de las fracciones de clase señaladas, aunque no en contra de la gran burguesía como algunos pueden llegar a pensar.

Si analizamos algunos datos de la realidad económica aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) relativos a la destrucción de empresas durante los años 2010 y 2011, podremos comprobar que en Cataluña han desaparecido 67.074 empresas (ver cuadro Nº2). Estas cifras extraídas del balance de las empresas que abrieron y cesaron sus actividades en el periodo comprendido entre los años 2003 y 2011 (http://www.ine.es/daco/daco42/dirce/dirce12.pdf), que los dos últimos años (periodo 2010/2011: 659.266 empresas en 2010 frente a las 592.192 en el 2011, supone un descenso de 67.074, es decir, una caída de 10,17%), lo que nos indica que han desaparecido prácticamente la mitad de las empresas que se crearon entre 2003 y 2009 (525.577 en 2003 frente a las 659.266 de 2009, esto es, un aumento de 133.689 o, lo que es lo mismo, un aumento porcentual del 25,43%). Estas cifras son demoledoras por sí mismas, pero lo son más si las comparamos con las Comunidades de Madrid y de Andalucía (relacionándolas entre sí por ser junto a Cataluña las Comunidades Autónomas con mayor población). Supera ampliamente a la Comunidad de Madrid en cuanto a la destrucción de empresas (2010/2011: descenso de 41.969, una caída del 7,5%) y se sitúa por debajo incluso de Andalucía (2010/2011: descenso de 63.102, una caída del 11,56%), máxime cuando la creación de empresas en estas Comunidades crecieron entre los años 2003/2009 con cifras muy parejas (Madrid: + 134.061, Cataluña: + 133.689 y Andalucía: + 128.430).

Con relación a la destrucción de empleos, según la EPA 1er. Trimestre de 2013 http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0113.pdf podemos comprobar que Cataluña se sitúa prácticamente en mitad de la tabla de las Comunidades Autónomas, todavía por debajo de la media del Estado pero acercándose peligrosamente: influye negativamente tanto en la producción de plusvalía y acumulación de capital (valorización del capital de las empresas), en el aumento destinado al gasto improductivo del presupuesto de la Comunidad Autónoma, como en la disminución de la recaudación del ente autonómico. Los datos concretos del desempleo en Cataluña con respecto a otras CC.AA. son los siguientes:

Cuadro1

Estos datos aportan claridad para comprender la posición política cambiante en el discurso de CIU (pasar de defender a ultranza el Estado Autonómico para apostar coyunturalmente por el soberanismo), aunque no es su alternativa política desde el punto de vista sustancial, ya que su proyecto político está inserto en el sistema capitalista de producción, dentro del contexto del Estado español y en el mercado mundial, defiende unas condiciones económicas y políticas más favorables para las fracciones burguesas catalanas que, por su propio funcionamiento, se encuentran con más trabas para la acumulación de capital, viéndose obligadas a competir en feroz pugna con el capital monopolista nacional e internacional .

En este sentido hay que entender las críticas que las fuerzas burguesas soberanistas o independentistas realizan al Estado de las autonomías, pues lo consideran actualmente más un freno para el desarrollo de las CC.AA. (y para Cataluña en concreto) que un instrumento de cohesión social (como reconoce el art. 138 de la Constitución), como así ocurría cuando fue concebido por las fuerzas burguesas en el año 1978. Lo que CIU y ERC le reprochan al gobierno del PP es no tener en cuenta las particularidades de Cataluña y no aceptar sus demandas de Reforma Fiscal que contemple la inversión del modelo de recaudación de los impuestos, como ocurre con el País Vasco y Navarra.

El auge del independentismo en Cataluña se ha debido más a rivalidades de los intereses de la pequeña y media burguesía catalana con el capital monopolista, que copa los órganos del poder económico y político del Estado, que al convencimiento de una gran parte de la “sociedad catalana” en la independencia nacional basada en una identidad política y lingüística propias separada del Estado español, pues los dos máximos representantes políticos del autonomismo y del independentismo saben que es un camino económicamente inviable, dadas las características del sujeto político que lo lidera, en el actual proceso de desarrollo del capitalismo (imperialista), definido por la concentración y centralización del capital, la libre circulación de mercancías, la exportación de capitales, el saqueo de las materias primas, las guerras de rapiña, etc.

Entonces aparece la propuesta del Estado Federal, actuando en este marco enfriando políticamente el independentismo ideológico pues busca una salida política intermedia que armonice los distintos intereses burgueses enfrentados, y que cuente con la colaboración de sectores de la clase obrera.

Si lo contextualizamos en un sentido más amplio, la propuesta de Estado Federal tiene como propósito fortalecer el Estado burgués, pues de lo que se trata es de operar en un doble sentido. Actúa sobre las contradicciones en el seno de la burguesía en cuanto a la organización política del Estado, buscando un punto de equilibrio a través de mecanismos que satisfagan y unan a las distintas fracciones en disputa.

Pero también actúa sobre la contradicción burguesía/proletariado a favor del primero, proyectando sobre amplios sectores de la clase obrera la idea de que el Estado, supuestamente neutral, gestiona los intereses “nacionales” del conjunto de la población, sacando del marco ideológico y político en que se desarrolla la lucha de clases la concepción de que el Estado es el capitalista colectivo que vela por los intereses del conjunto de la clase capitalista (sea grande, mediana o pequeña), es decir, el aparato donde se concentra el poder de la clase dominante para explotar y oprimir al proletariado.

Algunos rasgos jurídico-políticos del Estado Federal

Antes de entrar de lleno en el contenido político de la propuesta sobre el Estado federal, queremos realizar algunos apuntes jurídicos de dicha estructura del poder de clase de la burguesía. A grandes rasgos el Estado Federal se articula sobre la unión de varias entidades territoriales -cantones, regiones, estados, provincias- cuyos poderes regionales gozan de autonomía e incluso soberanía en importantes aspectos de la política interna.

Tienen un gobierno propio con facultades distintas de las que corresponden al gobierno federal, y una legislación privativa en diversas materias: atribuciones competenciales. Por contra, comparten unas instituciones comunes con el resto de la federación y carecen de potestad en ámbitos como defensa o relaciones internacionales.

El marco jurídico sobre el que se apoya el Estado Federal es una constitución aprobada por una asamblea constituyente y ratificada por los estados o regiones miembros.

El Estado federal se constituye alrededor de los principios de:

·         La autonomía: cada estado de la federación tiene independencia para la gestión de sus asuntos y elaborar su propia constitución o estatutos sin que entren en contradicción con la constitución federal. Los poderes están distribuidos en diferentes ámbitos, y limitados y sometidos a la constitución federal y los estatutos o constituciones de cada uno de los estados.

·         La participación: cada miembro de la federación contribuye al funcionamiento de la misma a través de su representación en el seno del parlamento federal compuesto generalmente por dos cámaras, una de las cuales es el Senado que representa a los estados miembros de la federación. La elección de los representantes estatales al Senado queda determinada por la constitución federal o por los órganos constitucionales de los estados federados.

Para la solución de los conflictos de atribuciones, las constituciones federales establecen un órgano encargado de dilucidar los conflictos de competencias –tribunal constitucional, corte suprema-, que vela para que los órganos federales y estatales se mantengan dentro de sus competencias, controlando la constitucionalidad tanto de las leyes federales como las de los estados miembros.

¿Por qué ahora el Estado federal?

El desgaste del Estado de las Autonomías como consecuencia, entre otros aspectos, de la agudización de la crisis económica, está afectando al sistema de contradicciones que actúa en el seno de la burguesía española, que, como clase, se une frente al proletariado para defender sus intereses comunes, pero que enfrenta a las distintas fracciones por sus respectivos intereses particulares debido a que el desarrollo de la crisis les afectan de distinta manera. Cuando el crecimiento económico ha sido positivo así como la acumulación de capital para las distintas fracciones de la burguesía, el Estado de las Autonomías ha cumplido eficazmente su función al servicio del conjunto de la clase explotadora: ha afianzado su poder político y económico, ha garantizado su desarrollo global y particular de las diferentes fracciones de la burguesía, ha garantizado el orden social basado en la colaboración de clase, desarrollándose a su amparo grupos de poderes económicos y lobbies políticos en donde se integraba el revisionismo político y el sindicalismo colaboracionista para encauzar sus metas de insertarse en los aparatos del Estado como medio para hacer negocios particulares a la sombra de los presupuestos públicos que han llenado las arcas de las organizaciones afines al sistema y las cuentas corrientes de muchos dirigentes nacionales, regionales y locales.

La destrucción de empresas y aumento del paro muestran el proceso de agudización de las contradicciones entre las distintas fracciones de la burguesía. Prescindiendo ahora de Cataluña y situándonos en el conjunto del Estado, la destrucción de empresas ha sido espectacular en el período comprendido entre el año 2010-2011, como pasamos a detallar: En el año 2003 existían 2.813.159 empresas, llegando a 3.554.571 a finales del año 2009, es decir, un incremento de 741.412 empresas, pero que en sólo dos años, decrecieron desde el 2010 al 2011 a 3.199.617 empresas, esto es, un descenso de 354.054, cerca de la mitad del ascenso acumulado en 7 años. Si nos situamos en el terreno de las distintas CC.AA., estos son los datos en diez de ellas:

Cuadro2

Como podemos observar el caso de Cataluña no es una situación particular, sino que forma parte de la tendencia general en todo el Estado.

En un artículo reciente que dedicamos a la autodeterminación de Cataluña https://unionccp.wordpress.com/2013/02/12/autodeterminacion-burguesa-o-internacionalismo-proletario/, decíamos que la salida a la contradicción entre los intereses del capital monopolista y el de determinadas fracciones burguesas que se sienten aisladas y lesionadas por la crisis económica, propicia el reforzamiento de las posiciones independentistas de ruptura con el Estado español en el campo de lo jurídico que no en lo económico, pero tiene poco recorrido por la falta de viabilidad para los intereses de la burguesía, tanto internacional, nacional como local. Por ello aparece como alternativa “responsable” la propuesta del Estado Federal, a partir del desarrollo del actual marco constitucional.

Con la agudización de la crisis económica, las diferentes fracciones burguesas, que florecieron al amparo de las diferentes administraciones autonómicas, empiezan a cuestionar la estructura y funcionamiento de dicho Estado autonómico y ponen de manifiesto las limitaciones competenciales en el orden económico y de decisión política, ya que afectan directamente a sus intereses económicos: los presupuestos de cada Comunidad Autónoma, que están determinados por los ingresos y por la capacidad de financiación externa (endeudamiento). Carecen de recursos propios suficientes, pues el grueso de la recaudación fiscal está en manos del gobierno central que lo transfiere a las diferentes Comunidades, y el que en última instancia, establece los límites del gasto y del endeudamiento.

La propuesta federalista de PSOE y de IU-PCE hay que verla en ese contexto, tratando de federalizar las actuales estructuras de poder basándose en el título VIII de la Constitución burguesa para aportar oxígeno a las pequeñas y medianas burguesías regionales. Según ellos, la vía estatuaria no da más de sí, pues está insertada en una concepción que considera el desarrollo estatal como consecuencia del desarrollo regional de manera simétrica, esto es, desplegando las mismas actividades competenciales que el Estado descentraliza transfiriendo los recursos económicos que se aplican siguiendo el criterio fundamentalmente de la población.

La propuesta federalista pretende cambiar este criterio para asegurar tres objetivos: “reconocimiento expreso de la singularidad de las CC.AA., y en concreto de Cataluña, para darle un trato diferente, un sistema de financiación más justo y equilibrado, y un refuerzo de los mecanismos de cohesión…” (David Giménez Gluck, director adjunto de la fundación Ideas, www.publico.es).

Si el PSOE plantea la posibilidad de un modelo federal “sensato” de Estado, es IU-PCE quien de manera más clara y concreta apuesta por el federalismo, no en términos de ruptura con el “estado autonómico” actual, sino “adoptando medidas de desarrollo de las autonomías en un sentido federalizante para llegar al estado federal pleno, que profundice el carácter social, democrático y de derecho de la constitución actual”. Propugna la “libre unión federal de los pueblos con una constitución federal, cuyo protagonista del proceso federal es la voluntad popular expresada en referéndum”.

A continuación exponemos el pensamiento textual de IU en relación con este tema. El federalismo deberá:

·         “Acercar lo más posible a los ciudadanos la gestión de cada asunto potenciando una gestión democrática y autónoma a cada nivel: así superar los desequilibrios y conflictos entre comunidades con distinto nivel de desarrollo, entre zonas urbanas y rurales,…”

·         “Propiciar la gestión democrática de acuerdo con los principios de autonomía y solidaridad, en cada nivel, utilizando el sufragio universal para la elección de los gestores y toma de decisiones, …”

·         “Abarcar al conjunto del sistema político, incluyendo los aparatos coercitivos y el sistema de financiación: la administración única debería prolongarse en una policía única y una fiscalidad única,…”

El federalismo, una propuesta burguesa

Para aclararnos, todo el discurso federalista del IU-PCE está atravesado, como no puede ser de otra manera, de categorías ideológicas democrático-burguesas, presentando al Estado federal como una forma de estado más democrático y con mayor capacidad de solucionar los problemas de la sociedad, entendida ésta como un conglomerado de personas individuales que tienen en común la satisfacción de las necesidades materiales. Esta visión de la sociedad y de la organización política adecuada a tal fin es una idealización según los intereses de la burguesía, interesada en hacer creer que la situación de los individuos es obra del azar o de la capacidad de cada uno de ellos por progresar según el criterio de la igualdad de oportunidades que proyecta el ordenamiento jurídico capitalista.

Ello, como decimos, no es sino mera ilusión deformada de la realidad, pues desde todas las maneras es imposible la igualdad entre individuos económicamente desiguales debido al carácter burgués de dicho Estado, producto de las condiciones de producción capitalista que domina las relaciones sociales. Los individuos no son tales pues no tienen voluntad propia para decidir con conocimiento de causa, no saben qué hacer con sus vidas de manera voluntaria pues están insertadas en unas relaciones sociales de producción que determinan sus funciones en relación a la clase que pertenecen, es decir, si poseen medios de producción para explotar fuerza de trabajo o sólo posee la fuerza de trabajo para venderla a los poseedores de los medios de producción por un salario. La igualdad de oportunidades no puede existir entre desiguales (la existencia de las clases es el reflejo social de la desigualdad intrínseca en las sociedades que rige la propiedad privada como medio para explotar y oprimir), pues la desigualdad lo impide, aunque remotamente puede existir entre los iguales de una misma clase, en donde también reina la desigualdad por las diferencias salariales: la igualdad jurídica es un mito burgués para esconder la desigualdad económica que rige entre la burguesía y el proletariado.

La propuesta del Estado Federal oculta la naturaleza y función del Estado como instrumento de opresión y dominación de la burguesía, que quiere hacerla parecer más democrática por acercar el poder a los “ciudadanos”. Esta es una de las muchas falsedades de reformistas y del revisionistas que se cobijan en la gestión descentralizada del poder para embellecer la función real del Estado, es decir ocultar su carácter de clase.

Para comprender lo que decimos no hay más que ver la trayectoria histórica del Estado español, donde la descentralización de su gestión administrativa no ha supuesto ninguna mejora sustancial en el nivel de explotación de la clase obrera, sino todo lo contrario, un freno para el reconocimiento de que la clase obrera tiene un sólo objetivo: la destrucción del capitalismo para construir la sociedad comunista, y un medio para conseguirlo: la unidad política del proletariado según el principio del centralismo democrático, la construcción del partido comunista que dirija la revolución proletaria.

La propuesta del Estado Federal en el capitalismo no tiene nada que ver con los intereses inmediatos y estratégicos de la clase obrera, ya que ni mejora sus condiciones de existencia, que está sometido al único criterio de las condiciones de la explotación capitalista, ni favorece su unidad política, pues divide su interés político en diferentes intereses económicos de la burguesía, según el criterio de la descentralización administrativa de su poder político como clase dominante. A nivel internacional no hay más que ver el pasado reciente  y la situación actual del proletariado en cada uno de los países capitalistas cuyo Estado tiene una estructura federal: EE.UU., Argentina, India, Brasil, Alemania, México, etc.

Por eso afirmamos que el Estado Federal es una reivindicación burguesa con la particularidad de que se intenta hacer creer que nace del seno de la clase obrera porque lo defienden, como bandera progresista, las fracciones burguesas del proletariado, es decir, el reformismo y el revisionismo, cuando en realidad nace del interés común entre el capital monopolista y esas dos tendencias burguesas disfrazadas de obreristas.

Decimos que favorece al capital monopolista, por tres motivos fundamentales:

·         Porque esta fracción burguesa domina las decisiones económicas, políticas y jurídicas desde el vértice del poder del Estado para el desarrollo de sus intereses particulares como fracción de clase y de los intereses generales de la burguesía en su conjunto, pues consolida el poder de la clase dominante frente al proletariado que actúa políticamente bajo el dominio del reformismo y el revisionismo.

·         Porque integra a las fracciones burguesas “lesionadas” por el desarrollo imperialista del capital al proyecto capitalista autóctono, actuando en contra de la proletarización de la pequeña burguesía que se siente más próxima a la gran burguesía que al proletariado por la defensa de sus propios intereses económicos y el temor a caer en manos de los comunistas.

·         Porque es un freno para que se desarrollen las ideas proletarias de unidad de clase y de alternativa al capitalismo.

La respuesta del proletariado al Estado burgués, sea del tipo que sea, es el comunismo

El proletariado se constituye en clase a expensa de la burguesía, de las relaciones capitalistas de producción, que necesita de una fuerza social capacitada para la realización de plusvalía, verdadero motor del capitalismo. Cada expansión de dicho régimen supone un desarrollo superior de organización de la clase obrera, que aumenta en número y se concentra espacialmente por la forma capitalista del auge de las fuerzas productivas, que precisa la concentración y centralización de los medios de producción, tanto desde el punto de vista del capital constante (inversión en instrumentos de trabajo) como desde el capital variable (inversión en fuerza de trabajo).

Pero por muy importante que sea esta condición no es suficiente para que el proletariado se comporte como una clase independiente de las necesidades del desarrollo capitalista; para ello es necesario que rompa con la consideración de que su existencia deba estar ligada a la burguesía, a la cual se enfrenta por sus necesidades de existencia, que se ven condicionadas por la producción y cuota de plusvalía a que le someten las relaciones capitalistas de producción.

La lucha por una mejor venta de la fuerza de trabajo pertenece a este estadio de desarrollo de la conciencia social del proletariado, todavía condicionada a la ampliación de la producción capitalista. Mas esta conciencia es superada por un estadio superior de las condiciones de existencia del capital: nace y se desarrolla la conciencia de su tarea histórica, producto de la comprensión de la estructura del sistema capitalista, de las leyes que rigen su funcionamiento y de la labor de las clases que actúan en el proceso social. Esta conciencia es fruto de la elaboración de la teoría marxista y de la existencia y lucha de los comunistas en el seno de la clase obrera que le enseña el camino a recorrer para su emancipación.

Es a partir de ese momento cuando el proletariado se constituye en clase independiente de la burguesía, puesto que conoce sus intereses históricos y su propio proyecto de sociedad a construir, que no tiene nada que ver con el sistema que lo explota y la organización política estructurada en torno a su Estado. Como la finalidad es la eliminación de las clases sociales debe articular todo un proceso social y una organización política acorde con esa finalidad, que no puede estar sometida por injerencias externas y ajenas a su clase. Para ello se debe defender ante cualquier propuesta o proyecto que tenga como objetivo destruir la conciencia proletaria y fraccionar políticamente la unidad de clase frente al enemigo a destruir: las relaciones capitalistas de producción.

Este enemigo se personifica en la burguesía, aunque toma cuerpo en el revisionismo por ejercer este, ante los ojos de los proletarios, una supuesta alternativa al capitalismo que no tiene nada que ver con el socialismo, una suerte de sociedad mixta donde cabría tanto la propiedad privada capitalista como la propiedad “socialista” en nombre del Estado, que permanecería incólume, pero con algunos retoques, introduciendo un poco de planificación económica y algo de democracia en las relaciones políticas. Ocultan ante los proletarios que esa idílica sociedad no sería más que la misma sociedad capitalista pero con una nueva envoltura “social” que se construye sobre la base de un pacto entre las clases, de un desarrollo de las fuerzas productivas y la coexistencia de una falsa paz, pues dicho proceso es imposible desde el punto de vista material mientras persistan las condiciones económicas para la explotación de la fuerza social en beneficio privado, es decir el sempiterno antagonismo burguesía / proletariado y su inevitable la lucha de clases para resolver la contradicción.

Para que el proletariado comience a liberarse de la burguesía tiene que construir su propio partido, su organización política y militar para transformar la contradicción que le encadena a la burguesía y empezar a construir el socialismo como etapa hacia la sociedad sin clases: el comunismo. Hasta que se llega a ello, hay que concentrar todos los esfuerzos por clarificar el proceso de construcción del partido en la actual situación histórica, no dejándose llevar por propuestas y proyectos que desorientan y desorganizan al proletariado de su tarea histórica. Sin este partido es imposible llevar una lucha decididamente revolucionaria contra la burguesía, que prepare las condiciones para la toma del poder: ha de elaborar su línea de actuación revolucionaria en unión con la parte más decidida del proletariado que esté dispuesta para el enfrentamiento decisivo que se irá desarrollando en diferentes etapas según las condiciones sociales se vayan dando. Sin esta premisa todos los esfuerzos se orientan hacia reivindicaciones particulares debido al empuje del espontaneísmo de las masas desesperadas por su situación económica a la que les encadena el capital, y a la influencia de la propaganda burguesa que se disfraza como alternativas posibles, embellecidas por un discurso hilvanado con bonitas palabras pero huecas en el fondo.

La toma del poder político servirá para ir construyendo el socialismo mediante la dictadura del proletariado, es decir, para materializar las condiciones económicas, políticas, militares e ideológicas por las que el proletariado se constituya en clase dominante. Con la instauración de la dictadura del proletariado se termina el primer ciclo de la negación del capitalismo como sistema, y de la burguesía como clase dominante, dando paso al segundo ciclo para negar la primera negación: negar el socialismo como sistema y el proletariado como clase, para dar el paso a la construcción de la sociedad comunista.

 

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