Ley, Orden Social y Justicia

Ley, Orden Social y Justicia

¿Acaso las relaciones económicas son reguladas por los conceptos jurídicos? ¿No surgen, por el contrario, las relaciones jurídicas de las relaciones económicas?

C. Marx, Crítica al programa de Gotha, 1875

Mientras la aristocracia financiera hacía las leyes, regentaba la administración del Estado, disponía de todos los poderes públicos organizados y dominaba a la opinión pública mediante la situación de hecho y mediante la prensa, se repetía en todas las esferas, desde la corte hasta el café borgne, la misma prostitución, el mismo fraude descarado, el mismo afán por enriquecerse, no mediante la producción, sino mediante el escamoteo de la riqueza ajena ya creada. Y señaladamente en las cumbres de la sociedad burguesa se propagó el desenfreno por la satisfacción de los apetitos más malsanos y desordenados, que a cada paso chocaban con las mismas leyes de la burguesía; desenfreno en el que, por ley natural, va a buscar su satisfacción la riqueza procedente del juego, desenfreno por el que el placer se convierte en crápula y en el que confluyen el dinero, el lodo y la sangre. La aristocracia financiera, lo mismo en sus métodos de adquisición, que en sus placeres, no es más que el renacimiento del lumpemproletariado en las cumbres de la sociedad burguesa.

C. Marx, La luchas de clases en Francia de 1848 a 1850

La finalidad de la ideología burguesa es que se acepten las condiciones sociales que imponen su régimen de producción; Que se asuman como naturales esos requisitos en beneficio del conjunto de la sociedad, que se acepten esas exigencias como necesarias por el bien del interés general. Por eso es tan importante contraponer tan generosas intensiones, un sistema ideológico alternativo que ponga en cuestión las creencias, normas y leyes que el sistema capitalista produce incansablemente.

¡Hágase justicia!, ¡La ley es igual para todos! En estas lapidarias frases se sintetizan la concepción burguesa sobre la justicia, concepción que comparte en lo fundamental la izquierda reformista, introduciendo algunos pequeños correcciones que no modifican su esencia.

La burguesía, a pesar de su interés de clase, no suele esforzarse en analizar las entrañas de su modo de producción, quedándose en la simple superficialidad de los fenómenos sociales. Se conforma con describir la realidad con categorías que no van al fondo de la cuestión, a su conocimiento, sino que ocultan a las miradas el contenido real que le da forma social.

Pongamos algunos ejemplos: la categoría salario aparece en la ideología burguesa como el valor del trabajo, la categoría beneficio como el excedente de la actividad de la empresa, etc. la categoría democracia como la participación de los ciudadanos en la elección de sus representantes, la categoría Estado como la actividad de la ley en pos del interés general, etc., la categoría justicia como la aplicación de la ley, la categoría ley como la gestora de la convivencia social, etc.

Veamos esta concepción aplicada a la realidad social, aplicación que ayuda a comprender que tanto la ley como la justicia no son neutrales, sino que tienen un contenido de clase y que, por tanto, tienen por objetivo hacer que se respete el orden social establecido, es decir, que se reproduzcan las condiciones sociales de producción del capital a través de las funciones de los agentes sociales, adscritos a distintas clases por la realización de sus funciones. Esta realidad social va aportando elementos para comprender mejor la lucha de clases si es que nos apoyamos en una concepción ideológica de clase, revolucionaria, en la praxis revolucionaria marxista.

Desde hace algunos años, lo que no quiere decir que en tiempos pasados no hubiese, se están dando a conocer de una manera continuada casos de corrupción que afecta tanto a empresarios, banqueros y especialmente a dirigentes de los grandes partidos que sustentan el régimen actual, ya sea desde las Cortes, las Comunidades Autónomas o los Municipios. El mecanismo utilizado es el de siempre: recibir comisiones de empresas que van a parar a las arcas de los distintos partidos a cambio de jugosos contratos de adjudicación, que los aparatos del Estado les conceden. El resultado es que las dos patas del poder de clase de la burguesía, el económico y el político, salen ganando con dicho sistema, mientras que el proletariado se tiene que contentar con las dos tareas principales que le asigna el sistema capitalista: el de generador de plusvalía para aumentar los beneficios empresariales, y el  político de votar cada cuatro años a sus verdugos para legitimar que la burguesía siga ejerciendo el poder desde los distintos aparatos del Estado democrático.

Empresarios y funcionarios políticos a las órdenes del sistema se unen por una causa común: materializar los beneficios a la sombra del Estado, lo que les proporciona un plus de impunidad jurídica por la “respetabilidad” que le otorga a dichos negocios el ejercicio del poder político. Sin embargo esta manera de realizar negocios extraordinarios al margen de las leyes del mercado capitalista tiene un límite si se va generalizando, ya que encuentra recelos en las empresas que no pueden meter la cabeza en el sistema de corrupción diseñado y una cierta alarma en el aparato judicial puesto que se va erosionando el principio burgués que justifica su existencia: la separación de poderes y la independencia del poder judicial.

La generalización del sistema corrupto provoca la reacción del aparato judicial, que se tiene que hacer valer pues se pone en tela de juicio su utilidad ¿Para qué está? Cuando entra en acción forzado por las circunstancias, los jueces y magistrados y el aparato policial a su disposición para investigar estos negocios «opacos» al fisco, con el objetivo de restablecer la legalidad jurídica se empieza a respirar en el seno de la sociedad bocanadas de aire fresco, purificando el ambiente pues proyecta en la conciencia de los individuos una imagen de moralidad recobrada, brotando la creencia que se va a restablecer la justicia que había sido quebrantada por los turbios manejos de  codiciosos empresarios y políticos deshonestos. El Estado de Derecho burgués intenta recomponer su deteriorado prestigio dando con ello la imagen de perseguir a los infractores, y vencer a los corruptos al lograr llevarlos ante los tribunales, considerándose con ello que se ha restablecido la legalidad en la vida política.

Pero ello, en realidad, no es más que en espejismo que trata de ocultar la realidad que hay detrás. Ya que las conciencias que creían en la regeneración del sistema capitalista por la intervención milagrosa del aparato judicial se empaña nuevamente al ponerse en evidencia que dicha acción no pretende impartir JUSTICIA, sino restablecer el principio de someter toda actividad a la legalidad burguesa. En el capitalismo, como en cualquier sociedad dividida en clases, la ley no es más que la forma jurídica de legalizar la desigualdad social que subyace en las entrañas de dichas sociedades. La ley, es decir, el ordenamiento jurídico, no es algo abstracto sino concreto; al igual que la justicia, determinada en última instancia por las relaciones sociales que le dan contenido. La justicia para la burguesía se reduce simplemente a la aplicación de la ley, SU ley. La que determina como justo el comportamiento social de las distintas clases. La forma jurídica de las relaciones sociales, es decir, la manera de hacer cumplir las relaciones sociales, incluso imponiéndola a  la fuerza si es puesta en cuestión, cayendo todo el peso de la ley.

El ordenamiento jurídico de una sociedad es expresión, como hemos dicho anteriormente, de las relaciones sociales dominantes mediante un razonamiento y una argumentación jurídicos que “hacen” aceptables socialmente dichas relaciones. A este pensamiento contribuye tanto la concepción y la política socialdemócrata como la revisionista, pues sitúan el concepto justicia en el terreno de lo jurídico y no en el económico. La concepción socialdemócrata observa la justicia desde la atalaya de la igualdad de oportunidades, considerando que hay justicia cuando a los ciudadanos se le reconocen jurídicamente “derechos” y económicamente oportunidades para conseguir realizarse como personas individuales. La concepción revisionista es menos prosaica pues observa la justicia desde el idealismo burgués: el mal del capitalismo reside en el egoísmo y la avaricia de los poderosos  y a la falta de un control democrático. Dominando los excesos del capital monopolista se controla el instinto codicioso del capital: lo que significa control social del capital mediante leyes en beneficio del bien común. Tanto unos como otros ocultan deliberadamente que la “justicia”, la aplicación del ordenamiento jurídico, no es más que una pantalla para ocultar la división en clases de la sociedad, es decir, la explotación y opresión del proletariado por la burguesía. Cuando se hable de justicia en las sociedades divididas en clases no se puede eludir hablar de las condiciones de existencia de las clases, las formas en que existen en su lucha mutua y las formas de superación, porque la justicia para la burguesía no es más que la aplicación de las leyes que salvaguarda el ordenamiento económico capitalista, es decir, la expresión jurídica de las condiciones de existencia de explotación del trabajo asalariado por el capital.

Con la aplicación de la ley la burguesía da por zanjado la realización de la justicia ¡Se hace justicia aplicando la ley! Aunque los voceros del sistema repitan a todas horas que la ley es igual para todos, es claro que no es así, sino desigual debido a que la sociedad capitalista es desigual, está dividida en clases. ¿Es la ley lo mismo para el explotador que para el explotado? Al primero se le reconoce el derecho a explotar a través de la propiedad de los medios de producción y el derecho a despedir al trabajador por razones económicas o productivas, al segundo se le reconoce el derecho a trabajar… cuando sea contratado y a recibir un salario según estipula el convenio, la ley. Para seguir nuestro razonamiento por la misma senda, comparemos los casos de hurto y los casos de corrupción mediáticos ¿hay correspondencia proporcional entre ambos casos? A todas luces no ¿por qué? porque se legisla de distinta manera para casos de delitos individuales que para casos de delitos colectivos, es decir, el comportamiento individual que el comportamiento de las clases. La burguesía se blinda jurídicamente para juzgar sus casos “delictivos” como puede ser la corrupción en la actividad económica, en la política, etc. La burguesía cuando habla de justicia está hablando de justicia burguesa, ya que su contenido está determinado por las condiciones sociales de producción. Intentar retocar los parámetros de la justicia burguesa es ingenuo pues de lo que se trata es de cambiar su esencia, es decir, las condiciones sociales de producción que la origina; y ello solo es posible mediante la revolución proletaria, la toma del poder político para construir la sociedad comunista.

Para hacer otra justicia (la que se corresponda con la propiedad social de los medios de producción) hay que detentar y ejercer el poder político real, no el formal de gobierno de turno. Sin ello es acaso un simplemente lavado de cara, un maquillaje, sin sentido de clase; es decir, reaccionaria.

Estamos ante un contexto mundial de grandes cambios e incertidumbres donde el proletariado tiene que tomar consciencia de su  misión histórica. Para ello es imprescindible reconstituir ideológicamente el comunismo, es decir, reconstituir el partido de nuevo tipo, paso necesario para construir una Internacional Comunista de nuevo tipo que haga realidad el cambio estratégico que la Humanidad necesita.

 

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